Hermosillo, Sonora.- En Hermosillo, 13 personas originarias de Chiapas —entre ellas 10 menores de edad— fueron rescatadas tras un operativo federal contra la trata de personas.
Los encontraron cautivos en una vivienda utilizada para la explotación infantil con fines de mendicidad, es decir, de mendigar.
El caso expuso una realidad incómoda y cada vez más normalizada: la presencia constante de niños trabajando en las calles sin que nadie se pregunte cómo llegaron hasta ahí.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, realizó un cateo en una vivienda de la colonia Adolfo López Mateos.
Durante el operativo se detuvieron a dos personas por su probable responsabilidad y se aseguraron objetos relacionados con el delito: recipientes de monedas, billetes, actas de nacimiento y más.
El caso reveló una problemática que, aunque visible, ha sido ignorada por años: la normalización del trabajo infantil y la indiferencia social ante la explotación de menores.
Desde el ámbito psicológico, Carolina Burgos, especialista en atención infantil, consideró que esta situación refleja una pérdida de sensibilidad y de valores en la sociedad.
Señaló que la gente se ha acostumbrado a ver a niños y niñas trabajando en los cruceros, sin detenerse a pensar en lo que hay detrás de esas imágenes cotidianas.
Explicó además que este fenómeno se ha normalizado a tal grado que muchas personas creen estar ayudando al dar dinero, cuando en realidad refuerzan un ciclo de explotación y abuso.
“Creo que es tan común ver a los niños y a las niñas en los cruceros pidiendo dinero desde toda la vida, porque este mal nos ha acompañado toda la vida. Yo creo que lo vamos normalizando en nuestra conciencia, pues entre más veamos un estímulo, más lo regularizamos”.
Burgos advirtió que, pese a la existencia de albergues y programas sociales en Hermosillo, el número de menores en situación de calle ha aumentado.
Consideró preocupante que detrás de muchos de ellos haya adultos que se benefician económicamente, lo que refleja una falta de acción colectiva y de educación en valores desde el hogar.
Por su parte, María Elena García, abogada especialista en Derecho Familiar y Juicios Orales, sostuvo que el caso es un ejemplo grave de cómo los delitos de trata y explotación de personas han avanzado hacia el norte del país.
Recordó que este tipo de delitos tienen penas severas y que las investigaciones deben ir más allá de los detenidos, para identificar quiénes entregaron o trasladaron a los menores.
“Es muy delicado porque la trata de personas es un delito federal que se castiga de dos a 40 años, entonces esperemos que estas personas que tenían a su cargo a estos niños vulnerables, reciban el castigo adecuado”.
“Pero sobre todo seguir el hilo de la investigación, que no termine aquí en Sonora, porque estos menores están aquí, pero quién los entregó, si se los robaron, si son de otro país, si son de Sudamérica, si hay una mamá buscándolos, o fueron en estos trueques de las costumbres que tienen en el sur del país”.
El trayecto que los llevó hasta Sonora estuvo marcado por la impunidad y la indiferencia, señaló. Los menores cruzaron varios estados en vehículos particulares y de transporte público sin que ninguna autoridad detectara irregularidades.
Pasaron retenes, revisiones y filtros carreteros sin que nadie preguntara por ellos. Esa falta de vigilancia permitió que la red de tratantes operara con libertad, moviendo a los niños como si fueran mercancía, según la especialista.
Cada kilómetro recorrido fue una muestra más de cómo las instituciones fallaron en su deber de proteger a la niñez.
García Murrieta señaló además que las autoridades, en muchos casos, actúan con indiferencia al observar niños trabajando en la vía pública.
Indicó que la falta de intervención y seguimiento de las instituciones encargadas de la protección de la niñez contribuye a perpetuar el problema.
Propuso que se implementen mecanismos ciudadanos para reportar este tipo de casos y se refuercen las revisiones por parte de las dependencias competentes.
“Ciertos grupos indígenas bajan juntos y piden, entonces como que le tienen miedo a detenerlas porque luego, son indígenas, no hablan o no se comunican bien. Entonces eso es como una vereda que agarra la ley para decir, es que son indígenas, así viven. No, tienes que buscarlo y darle seguimiento”.
Ambas coincidieron en que la raíz del problema no solo está en quienes explotan a los menores, sino también en la indiferencia cotidiana de quienes los ven y no reaccionan.
Por su parte, Mariel Montes, profesora e investigadora de la Universidad de Sonora, destacó que la prioridad es garantizar un refugio seguro para los menores y verificar su relación con los adultos que los acompañan.
Dijo que muchos niños y niñas migrantes son interceptados en su trayecto o entregados por personas que supuestamente los resguardan, lo que requiere una investigación profunda para descartar secuestro o privación ilegal de la libertad.
Además, Montes Castillo enfatizó que la normalización del trabajo infantil refleja un abandono a múltiples niveles.
Criticó la inacción de las instituciones gubernamentales, desde el ámbito federal hasta el local, y la falta de intervención de las familias y la comunidad, lo que expone a los menores a riesgos de abuso, drogadicción y privación educativa. Según ella, la indiferencia social perpetúa un círculo de explotación y vulnerabilidad.
“Si no están haciéndose papá o mamá responsable de ellos o los tutores, es el Estado quien los debería de resguardar y no someterlos a estas actividades tan riesgosas, porque hay drogadicción, abuso sexual, sobreexplotación, y aparte, el derecho de las infancias a la educación está totalmente privado, y es la educación la que nos va a permitir tener una mejor calidad de vida”.
Hizo un llamado urgente a las autoridades para reforzar la difusión de los canales de denuncia y los protocolos de resguardo de menores.
Finalmente, insistió en que la ciudadanía debe ser consciente de su papel en la protección de la infancia, denunciando situaciones de riesgo y apoyando la intervención de instancias como la Fiscalía y el DIF para garantizar la seguridad y los derechos de los niños y niñas.
El operativo en Hermosillo no solo rescató a trece víctimas; también evidenció una herida social profunda: la costumbre de mirar la infancia rota sin cuestionarla. Porque el verdadero problema no es solo que haya niños trabajando… sino que la sociedad aprendió a mirar hacia otro lado.
