Un juez federal de distrito bloqueó este sábado de forma temporal una nueva política impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump, que buscaba mantener detenidos a los niños migrantes no acompañados una vez que cumplieran 18 años, trasladándolos a centros de detención para adultos.
La decisión fue emitida por el juez Rudolph Contreras, del Distrito de Columbia, quien ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abstenerse de transferir a los jóvenes a instalaciones para adultos una vez alcanzada la mayoría de edad. El magistrado determinó que dicha práctica violaría una orden judicial de 2021, en la que ya se había prohibido el uso de detenciones automáticas para estos casos.
“Los menores que alcanzan los 18 años deben ser trasladados al entorno menos restrictivo disponible, salvo que representen un peligro o riesgo de fuga”, recordó Contreras en su resolución, subrayando que esa disposición es exigida por la ley federal.
Hasta el momento, ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han emitido comentarios sobre el fallo judicial.
Una política polémica
La medida judicial frena temporalmente una iniciativa del gobierno de Trump que formaba parte de su agenda migratoria de línea dura, particularmente en lo relativo al trato de los menores no acompañados que cruzan la frontera sur.
De acuerdo con reportes de The Associated Press, las autoridades habían comenzado a notificar a los refugios administrados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) que los jóvenes próximos a cumplir 18 años serían trasladados a centros de detención para adultos, incluso en casos en los que ya existían planes aprobados de liberación con familiares o tutores.
El ICE argumentó que los nuevos adultos solo podrían ser liberados bajo libertad condicional, y únicamente por “razones humanitarias urgentes” o por “beneficio público significativo”. Sin embargo, entre marzo y septiembre, la agencia otorgó menos de 500 permisos de este tipo.
Denuncian coerción y violaciones a derechos
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que esta política formaba parte de un esfuerzo sistemático para presionar a los jóvenes migrantes a desistir de su derecho a solicitar protección en Estados Unidos.
“Todas estas son partes de la misma política general para coaccionar a los jóvenes inmigrantes para que renuncien a su derecho a buscar protección”, señaló Michelle Lapointe, abogada del American Immigration Council, uno de los grupos que pidió la intervención judicial.
Los demandantes también advirtieron que la detención en cárceles de adultos podría causar daños psicológicos y emocionales irreversibles, especialmente entre quienes han sido víctimas de tráfico, abuso o abandono.
Contexto migratorio
Según datos de las autoridades fronterizas, más de 400 mil menores no acompañados han sido detenidos al ingresar a territorio estadounidense desde octubre de 2021.
Una ley de 2008 establece que estos jóvenes deben comparecer ante un juez de inmigración antes de ser deportados. No obstante, bajo la actual administración, los menores han enfrentado un proceso más estricto antes de su liberación, con revisión de huellas dactilares, pruebas de ADN y visitas domiciliarias por parte de agentes federales.
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La duración promedio de la estadía en refugios del gobierno se ha incrementado notablemente: en julio fue de 171 días, frente a los 37 días registrados en enero, cuando Trump asumió el cargo.
Con información de Milenio