Altamira, Tamaulipas.- El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira e investigado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal vinculada a altos mandos de la Marina, se suicidó este lunes en sus oficinas, confirmaron fuentes federales.
Pérez Ramírez fue señalado en la indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los funcionarios que recibieron dinero a través de intermediarios para permitir la operación de buques con combustible de contrabando.
Según el expediente, obtuvo 100 mil pesos en abril de 2024, cuando estaba al frente de la Unidad de Protección Portuaria de Tampico y autorizó la descarga de un llamado “huachi-buque”.
El testimonio del entonces director de la Aduana de Tampico, Capitán Alejandro Torres Joaquín, entregado a la FGR, detalla que Pérez Ramírez recibió la cantidad como “gratificación enviada por ‘NK’”, clave utilizada por el Capitán de Corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado como intermediario de los hermanos Farías Laguna y actualmente prófugo con orden de aprehensión.
La investigación apunta al Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y al Contralmirante Fernando Farías, acusados de encabezar una red que, mediante pagos de hasta un millón 750 mil pesos por embarcación, permitió la descarga de buques con combustible ilegal en distintos recintos fiscales.
El vicealmirante ya fue detenido como parte de un proceso que ha derivado en al menos 14 capturas.
Pérez Ramírez, egresado en 1995 de la Heroica Escuela Naval Militar como ingeniero en Ciencias Navales, había dirigido las Unidades de Protección Portuaria de Tampico y Altamira, encargadas de brindar seguridad al personal de Aduanas durante las inspecciones en puertos.
A traves de redes sociales, Marina se limitó a lamentar el fallecimiento del elemento, sin brindar más detalles al respecto.
“La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden. Asimismo, se reitera la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos”