Washington, D.C.- Una jueza federal bloqueó de manera temporal la aplicación de las deportaciones rápidas de migrantes indocumentados impulsadas por el gobierno de Donald Trump, al considerar que la medida podría violar el debido proceso legal.
En enero, Trump restableció la política de “expulsión inmediata”, aplicada durante su primer mandato (2017-2021), que permite deportar rápidamente a personas que no acrediten al menos dos años continuos de residencia en Estados Unidos, sin la necesidad de una audiencia.
La jueza Jia Cobb emitió un dictamen en el que advierte que la medida “prioriza la rapidez” y que “inevitablemente llevará al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado”.
La política fue impugnada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en representación de la organización Make The Road New York, logrando que la jueza accediera a suspender su aplicación.
En su resolución de 48 páginas, Cobb precisó que no cuestiona la constitucionalidad de las deportaciones rápidas en su forma original, utilizadas desde hace años en la frontera sur contra personas recién llegadas, sino su expansión a un mayor número de migrantes que viven en el interior del país.
“Al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que no habían estado sujetos previamente a una deportación rápida, el Gobierno debe garantizar un debido proceso”, señala el documento.
La denuncia planteó que la medida viola la Quinta Enmienda, que protege el derecho a un juicio justo, así como la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Procedimiento Administrativo.
La jueza cuestionó además la postura del Gobierno, que sostiene que quienes ingresaron ilegalmente no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda.
“Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo”, advirtió Cobb.
