Por Luis Puebla Corella
En muchas ciudades de nuestro país, y particularmente en las medias y pequeñas, el discurso sobre cómo debe desarrollarse la ciudad ha estado dominado casi exclusivamente por la figura del arquitecto. Se les consulta sobre planes de desarrollo urbano, sobre el uso del suelo, sobre el espacio público, sobre la movilidad, y muchas veces, se considera que su voz es la más autorizada para opinar sobre el rumbo urbano. Pero ¿es esto lo más adecuado para el alicaído urbanismo que vivimos?
Sin duda, los arquitectos aportan una visión valiosa. Su formación les permite diseñar entornos habitables, imaginar formas urbanas y proyectar edificios con sensibilidad espacial. Sin embargo, el desarrollo de una ciudad es mucho más que eso. No se trata solo de cómo se ve, sino de cómo se vive: quién accede a la vivienda, cómo nos movemos, dónde se concentran los servicios, qué espacios están excluidos, la regulación del espacio público y privado y quién toma las decisiones. Involucra aspectos que suelen ser los más inmediatos para nuestro desenvolvimiento económico y social, como el suelo, la vivienda, el servicio de agua, el saneamiento, la movilidad, la recreación, el abastecimiento, el tratamiento de residuos, entre otros, es decir, cuestiones que no pueden ser resueltas sólo con elementos del diseño urbano.
Desde la disciplina de la planeación territorial, se reconoce a la ciudad como un sistema complejo donde confluyen intereses políticos, sociales, económicos y ambientales y, bajo ciertas aproximaciones, se entiende al territorio como un espejo de las relaciones productivas y sociales de las que es soporte material. Por ejemplo, tan sólo en el municipio de Hermosillo, modificar las banquetas para convertirlas en estacionamientos, privatizar el río Sonora y pretender hacer lo mismo con la presa Abelardo L. Rodríguez, invertir en un paso a desnivel que fomenta el uso del automóvil y beneficia en mayor medida a un sector privilegiado de la población, buscar concesionar más espacios en el Parque Madero, entre otras cosas que se viven actualmente en nuestra ciudad, son esfuerzos que reflejan una imagen de ciudad individualista y desigual que, pese a los esfuerzos del diseño urbano, estas obras no mejorarán sustancialmente la vida de sus habitantes.
Por ello, la complejidad urbana y las decisiones públicas que conlleva, rebasan una visión de la ciudad como escenario o, peor aún, un entendimiento de cambio de escala que pasa del diseño de una vivienda, a uno más amplio y complejo como una colonia, distrito o ciudad. Dado que el desarrollo urbano no es solo una cuestión técnica-estética, sino fundamentalmente política. La ciudad es un espacio de disputas, de intereses diversos, de conflictos legítimos entre actores públicos y privados, y de negociaciones constantes sobre el uso, apropiación y gestión del territorio donde se presentan importantes asimetrías. Pensar la ciudad implica considerar no solo cómo se ve, sino cómo se habita, quién la financia, quién la regula, y quiénes quedan fuera de sus beneficios.
En este sentido, el protagonismo del arquitecto ha desplazado otras voces igualmente necesarias. Planificadores territoriales, urbanistas, profesionistas con formación en ciencias sociales, economistas urbanos, sociólogos, geógrafos, abogados en derecho urbano, gestores públicos y, sobre todo, la ciudadanía organizada, han quedado frecuentemente al margen de los procesos de planificación. No obstante que esta concentración del discurso no es necesariamente culpa del gremio arquitectónico, sino de gobiernos poco democráticos con intereses individuales que legitiman sus decisiones a través del discurso técnico-estético del arquitecto. Empero, también, el poco debate dentro de los gremios de profesionistas respecto a la problemática urbana, ha conducido a la ausencia de formaciones académicas especializadas que fomenten una pluralidad de enfoques, por lo menos en Sonora.
En síntesis, no se trata de negar el aporte del arquitecto, sino de ponerlo en su justa dimensión. Su mirada debe ser parte de un diálogo más amplio, interdisciplinario y democrático. El urbanismo no puede ser propiedad de una élite política y técnica; debe abrirse a procesos de gobernanza urbana donde múltiples saberes se articulen en favor del bien común. La planeación de la ciudad necesita del conocimiento técnico-estético, pero también de la experiencia social, del análisis institucional, de la economía política y del enfoque ambiental.
Democratizar el discurso urbano implica, entre otro montón de variables, desmontar el secuestro de la arquitectura sobre el futuro de nuestras ciudades y formar debates más amplios sobre su problemática. Solo así podremos avanzar hacia modelos de desarrollo urbano verdaderamente justos, inclusivos y sostenibles.
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El autor es Arquitecto. Miembro de la Agencia de Planeación Territorial. Integrante de la RED Hermosillo ¿Cómo Vamos?
