Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aclaró las dudas sobre la Ley de Seguridad Nacional e Inteligencia, aprobada por el Senado el pasado 2 de julio.
En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Harfuch desmintió las acusaciones de los legisladores de oposición que afirmaban que la ley permitiría al Gobierno espiar a los ciudadanos.
“Esto es absolutamente falso… Es imposible que yo tenga acceso siquiera a las llamadas o a los mensajes”, explicó.
El secretario de Seguridad destacó que cualquier intervención de teléfonos celulares o cateo debe ser autorizada por un juez.
En cuanto a la CURP biométrica, que incluirá fotografía y huellas dactilares, Harfuch descartó la existencia de una megabase de datos para acceder a información privada, aclarando que todo proceso de recolección de datos será con la previa autorización de las personas.
La ley ha generado controversia debido a que el artículo 12 permite la solicitud de datos como registros vehiculares, biométricos y telefónicos, y el artículo 45 habilita al Centro Nacional de Inteligencia para pedir la geolocalización.
Sin embargo, García Harfuch reiteró que cualquier intervención se realizará bajo la autorización de un juez y previa investigación del Ministerio Público.