El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que en las próximas semanas tomará una decisión sobre posibles exenciones a las deportaciones de migrantes que laboran en los sectores de la agricultura y la construcción, dos industrias fuertemente dependientes de mano de obra extranjera, en su mayoría latinoamericana.
Durante una visita al recién inaugurado centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz”, ubicado en una zona pantanosa del estado de Florida, Trump aseguró que su administración analiza alternativas para estos trabajadores, en medio de una política migratoria que contempla la deportación de hasta 3 mil personas al día.
“Estamos revisando cuidadosamente la situación de los trabajadores en la agricultura y la construcción, y tomaremos una decisión muy pronto”, declaró el mandatario a medios de comunicación presentes en el acto, según informó la Casa Blanca.
Sectores en alerta
Los sectores agrícola y de la construcción han manifestado su preocupación ante el endurecimiento de las medidas migratorias. Según datos del American Immigration Council, el 25.7% de los trabajadores de la construcción son migrantes, y el 14.1% son indocumentados.
En el sector agrícola, el Departamento de Agricultura estima que al menos el 42% de los trabajadores son indocumentados, una cifra que refleja la fuerte dependencia del campo estadounidense en la mano de obra migrante.
Empresarios, sindicatos y organizaciones proinmigrantes han advertido que las redadas y deportaciones masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían paralizar parte de la actividad económica si no se otorgan excepciones laborales.
Un centro de detención entre críticas
Trump estuvo acompañado en la visita por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
La apertura del centro de detención “Alligator Alcatraz” ha generado protestas de organizaciones ambientalistas, debido a su ubicación en una reserva de humedales, y de colectivos civiles que denuncian las condiciones en que se mantienen a los migrantes detenidos.
Manifestantes se congregaron en las inmediaciones del nuevo centro migratorio para expresar su rechazo a lo que consideran una escalada en la criminalización de la migración.
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La administración Trump ha reiterado que su prioridad es la “seguridad nacional y la recuperación del control fronterizo”, aunque expertos legales y defensores de los derechos humanos advierten que muchas de estas políticas podrían derivar en violaciones a los derechos fundamentales de las personas migrantes.
