En su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó los recientes señalamientos de censura en los estados de Puebla y Campeche, ambos gobernados por Morena, y defendió las decisiones de sus gobiernos locales pese a la creciente preocupación de colectivos, periodistas y organizaciones defensoras de derechos.
Al ser cuestionada sobre la reforma al Código Penal de Puebla, conocida popularmente como “Ley Censura”, Sheinbaum justificó su existencia al afirmar que se trata de una medida para combatir el ciberacoso.
“El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso en un sentido muy amplio (…) Es una ley contra el ciberacoso que ya existe en Nuevo León, que ya existe en Coahuila, que ya existe en otros estados (…) En todo caso, que ahí quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos”, recalcó.
La reforma contempla la figura del “ciberasedio”, que establece penas de hasta tres años de prisión para quien insulte o injurie a una persona a través de redes sociales o plataformas digitales. Diversos sectores han advertido que esta figura puede usarse de manera arbitraria para acallar críticas en línea.
A pesar de los foros convocados por el Congreso local para discutir la ley, colectivos denuncian que son una simulación y que no se prevén cambios sustanciales al texto que preocupa a la comunidad periodística y defensora de derechos.
Sobre el caso del periodista Jorge González Valdez, vinculado a proceso penal por una denuncia de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, Sheinbaum también respaldó la actuación del gobierno estatal.
“El caso de Layda Sansores, vale la pena revisarlo: es un tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres; el nivel de críticas al que se ha llegado contra una mujer vinculadas a su físico, no tienen nada que ver con lo político, sino una crítica despiadada, misógina”, señaló.
González Valdez ha sostenido que no ocupaba ningún cargo administrativo en el medio señalado y que su crítica se centró en presuntos actos de corrupción en la administración estatal.
Hoy tiene prohibido ejercer el periodismo por al menos dos años por orden judicial, y debe pagar una indemnización de 2 millones de pesos por daño moral, con la advertencia de que, si no paga, su casa será rematada para garantizar la compensación.
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Mientras que desde el Gobierno federal se insiste en que no se trata de censura, colectivos y periodistas temen que estos precedentes sienten una peligrosa base para restringir la crítica y el disenso durante el sexenio de la llamada Cuarta Transformación.
Con información de Politico MX
