Hermosillo, Sonora– El alcalde de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán, respondió a los señalamientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Sonora sobre presuntos traslados forzados de personas desde la capital sonorense hacia el sur del estado, en particular a Navojoa.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya abrió una investigación formal sobre los hechos.
En rueda de prensa, Astiazarán defendió que el Ayuntamiento sí realiza traslados voluntarios como parte del programa social ‘Regreso a Casa’, destinado a apoyar sin costo a personas en situación de calle o vulnerabilidad que desean regresar a sus lugares de origen.
“Nosotros no obligamos a nadie. Las personas lo solicitan voluntariamente”, puntualizó.
Sin embargo, la controversia surgió luego de que el ombudsman sonorense, Luis Fernando Rentería Barragán, confirmara la existencia de al menos seis denuncias ante la CEDH por supuestos “levantones” realizados por la Policía Municipal, en los que las personas habrían sido detenidas en distintos puntos de Hermosillo y trasladadas sin su consentimiento a las inmediaciones de Navojoa, donde fueron abandonadas.
Entre las personas denunciantes se encuentran jornaleros, un ayudante de cocina, un albañil y otros trabajadores informales, quienes alegan no encontrarse en situación de calle.
Según la CEDH, los primeros indicios apuntan a que hasta 40 personas pudieron haber sido víctimas de estas acciones, presuntamente motivadas por su apariencia.
El caso tomó visibilidad pública luego de que circulara en redes sociales el testimonio de Antonio Medina Navarrete, quien denunció haber sido golpeado, detenido sin explicación en el centro de Hermosillo y posteriormente trasladado a Navojoa.
El fiscal estatal, Rómulo Salas Chávez, confirmó que ya se investigan estos hechos y detalló que, en al menos tres casos documentados, las personas fueron recogidas de plazas públicas, llevadas a una comandancia y después transportadas en autobuses hacia el sur del estado, sin ser informadas del destino ni de los motivos de su traslado.
Pese a la gravedad de las acusaciones, el alcalde Astiazarán reiteró su disposición a colaborar con cualquier revisión oficial y actuar en caso de que se confirmen irregularidades.
“Si hay alguien que se siente afectado porque fue trasladado en contra de su voluntad, yo seré el primero en investigarlo y sancionarlo”, declaró.
Mientras tanto, la CEDH continúa documentando los casos y no ha emitido una resolución formal. La investigación se encuentra en etapa preliminar.
