El Gobierno de México manifestó su rechazo a la propuesta en Estados Unidos para aplicar un impuesto a las remesas enviadas por migrantes, calificándola como una medida discriminatoria que afectaría directamente a millones de connacionales.
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, señaló en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula que, si bien la iniciativa no está dirigida exclusivamente contra México, sí tendría un impacto negativo sobre los mexicanos radicados en la Unión Americana.
“Es algo absolutamente discriminatorio. Independientemente de los fines recaudatorios, afecta a una proporción importante y sensible de connacionales”, acusó el canciller.
De la Fuente Ramírez subrayó que el Gobierno de México realizará “la mejor defensa posible” en el ámbito diplomático, político y jurídico. Precisó que los equipos legales ya evalúan los mejores argumentos para una posible acción legal en defensa de los derechos de los migrantes.
“Las partes jurídicas están analizando cuáles pudieran ser los mejores argumentos para, eventualmente, una defensa jurídica”, indicó.
El canciller también recalcó la importancia de la comunidad mexicana para el desarrollo económico y social de Estados Unidos, por lo que deben recibir un trato justo y libre de discriminación.
“Si (los mexicanos) cumplen con sus responsabilidades deben ser tratados sin ser discriminados, y esta medida (impuestos a los aranceles) la encontramos discriminatoria”, sentenció.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, sostuvo que aplicar un gravamen adicional a las remesas violaría el tratado bilateral para evitar la doble tributación, en vigor desde 1994. Detalló que estos ingresos ya han sido sujetos a impuestos en Estados Unidos, por lo que aplicar una nueva carga fiscal resultaría en una doble tributación.
“Los ingresos, los flujos (de dinero) que envían los migrantes mexicanos de Estados Unidos a México ya fueron gravados, ya pagaron los impuestos correspondientes. Si se le pusiera este impuesto adicional, sería una doble tributación. Implicaría una discriminación en términos fiscales”, explicó.
Durante su participación en la Mañanera del Pueblo, Amador citó el artículo 25 del tratado, el cual estipula que los ciudadanos de un Estado no deben ser objeto de cargas fiscales más gravosas en el otro país firmante.
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Además, recordó que el 99.1% de las remesas que llegan desde Estados Unidos a México lo hacen mediante transferencias electrónicas, un canal estrictamente regulado y supervisado por las autoridades de ambos países.
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Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los mexicanos en Estados Unidos a alzar la voz ante el Congreso estadounidense.
“Envíen cartas a sus congresistas, tengan la nacionalidad o no, diciendo que este impuesto sería discriminatorio”, exhortó, y agregó que su administración contempla “otras acciones que ayuden a visibilizar que México, el Gobierno de México, no estamos de acuerdo con esta política discriminatoria”, agregó.
El posicionamiento firme de las autoridades mexicanas busca frenar una propuesta que, de concretarse, podría afectar no solo los derechos de los migrantes, sino también la economía de millones de familias en el país.
Con información de López-Dóriga Digital
