Por Ernesto Martínez Nieves
Una vez que las regulaciones son publicadas, es común que las mismas se operacionalicen a través de trámites y procesos de cara a la ciudadanía y empresariado. La forma, los requisitos, los tiempos de procesamiento y la complejidad de un trámite impactan la actividad económica, la atracción y retención de inversiones y la confianza en el accionar de la administración. En Iberoamérica y el Caribe, múltiples instituciones han tomado acciones para reducir la carga administrativa de sus trámites y procesos administrativos. Sin embargo, aún hay espacio para mejorar la coordinación y alcance de estos esfuerzos.
Existen muchas regulaciones de baja calidad que afectan el crecimiento económico. “A maniatados con permisos, licencias, trámites y autorizaciones que afectan mucho a las empresas”, de ahí la importancia de tener buenas regulaciones para impulsar la competencia y aumentar la productividad económica de nuestro país o región.
En su mayoría la regulación intenta proteger a la población contra los riesgos como, por ejemplo, la regulación ambiental y al desarrollo urbano y territorial que tienen como fin proteger a la población respecto a riesgos ambientales, sin embargo, hay que poner énfasis en que la respuesta regulatoria sea proporcional al riesgo.
Las empresas enfrentan grandes retos regulatorios, es por ello por lo que debemos promover el ciclo de la gobernanza regulatoria en el que participan tanto regulados como reguladores y que está compuesto por cuatro etapas: desarrollo de la política pública y elección de los instrumentos; el desarrollo de nueva regulación o revisión de la existente; la implementación y el hacer cumplir la regulación; y el monitoreo y evaluación del desempeño de la regulación.
Continuando con el segundo día XIII Encuentro ordinario de la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria, a la cual siempre tenemos el gusto de asistir, vale la pena detectar en que se ha trabajado en otros países y que resultados han obtenido con un impacto positivo y que podamos replicar:
Nuestro primer panel “Uso intensivo de datos e inteligencia artificial como aliados para la mejora regulatoria”
Portugal:
El ponente, Manual Cabugueira, nos comenta que la IA tiene un potencial enorme, no solo en la simplificación, sino en otros temas como la corrupción o discrecionalidad, ya que se tiene datos e información disponible inmediatamente, entre otras cosas.
El big data no es solo otro tipo de evidencia: con los avances de la IA, ofrece un potencial para una transformación radical de los entornos políticos, haciéndolos más en sintonía con un mundo que cambia rápidamente.
Al igual que en el caso del Big data, podemos contrastar la perspectiva técnica de la IA con otras más políticas, que ven al Big data y a la IA como parte de la misma narrativa del ‘dataísmo’, como la nueva autoridad de los datos y el algoritmo en la sociedad humana.
Un sistema de IA es un sistema basado en una máquina que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de la entrada que recibe, cómo generar salidas como predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Los diferentes sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y adaptabilidad después del despliegue.
Colombia:
El expositor, Felipe Diaz Suaza, Comisionado de la Comisión Regulatoria de Comunicaciones, quien nos habla sobre diferentes conclusiones: La regulación inteligente se logra con enfoques y mecanismos de regulación innovadores; aprovechar las herramientas digitales y la información para mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación; Esquemas regulatorios por incentivos y anticipatorios que sean adaptativos a los cambios del entorno; y por ultimo nos dice que una regulación efectiva, demanda coordinación y cooperación con la Supervisión.
Argentina:
La ponente, Leticia Montiel, Secretaría Legal y Técnica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos platica sobre su plataforma “CLAFI” para clarificar los textos los textos jurídicos; hace una conversión a un lenguaje más claro, pero tiene sus desafíos ya que abarca áreas más específicas, como por ejemplo la salud.
Las palabras sencillas crean confianza, las buenas prácticas regulan el cambio; una regulación solo tiene sentido si el lenguaje es claro, si cada norma puede ser comprendida por todos los ciudadanos, sin importar su nivel de conocimiento técnico.
Cada regulación, cada política pública y cada comunicación debe estar diseñada para ser comprensible, útil y generar un impacto real en la vida de las personas y en desarrollo de las ciudades.
Uniendo inteligencia artificial con un dominio profundo en el ámbito legal y lingüístico, desarrollamos una solución que revoluciona el acceso a los documentos públicos para toda la ciudadanía y potencia la inclusión y la participación.
La calidad regulatoria no se trata solo de elaborar normas; se trata de garantizar que esas normas sean una herramienta efectiva para mejorar la calidad de vida de las personas y las empresas. Nuestro compromiso es construir un gobierno que hable el mismo idioma que su gente, que sea claro, accesible y verdaderamente transformador.
Por cuestiones de espacio en la columna, vamos a finalizar con la actualización en materia de mejora regulatoria en México hoy, pues con la novedad que se reformó la constitución y existe ahora una nueva política constitucional, que sustituye a la mejora regulatoria publicada en el 2017. El pasado 01 de abril 2025, la Cámara de Diputados declaró reformado el artículo 73 de la Constitución Política, con lo que todas las autoridades del país deben establecer medidas para facilitar trámites administrativo y digitalización de servicios
Con lo aprobado, se establece que, a fin de contribuir al desarrollo y bienestar de todas las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos, las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas y los demás objetivos que señale la ley nacional en la materia.
Faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley nacional que establezca los principios y obligaciones a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, entre otros.
El autor es: Contador Público, Microempresario sonorense del sector comercio, ex Comisionado Estatal de Mejora Regulatoria (2015-2021), Presidente Comisión Mejora Regulatoria COPARMEX Zona Norte, Coordinador de la Mesa Mejora Regulatoria Consejo INCIDE y Miembro de la RED HCV.
