La periodista Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, denunció que la desaparición del periodista Carlos Correa Ochoa, colaborador de las Relatorías de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH) cumplió una semana, sin que el gobierno de Nicolás Maduro permita a la familia o a sus abogados conocer su paradero, estado de salud o estatus legal.
La también defensora de derechos humanos señaló que con el nuevo gobierno de Maduro la represión se ha endurecido en el país sudamericano, por lo que ahora hay múltiples desapariciones forzadas de defensores, líderes opositores y periodistas, incluyendo el caso de Carlos Correa, repitiendo un patrón que afecta gravemente los derechos humanos en ese país.
Agregó que lo sucedido en Venezuela a raíz de la nueva investidura de Maduro puso en evidencia que hay “un régimen de facto que no ha respetado los estándares legales de la constitución venezolana”, convirtiendo a periodistas, dirigentes políticos y defensores de derechos humanos en “blancos” del régimen madurista, por lo que cada vez existen menos libertades en el espacio público y tampoco hay un respeto al derecho a la protesta pacífica.
No es un caso aislado, es un andamiaje legal que han ido construyendo para constreñir el espacio público y a la sociedad civil.
Patrón de desaparición forzada
La detención y desaparición forzada del periodista y defensor de derechos humanos Carlos Correa ocurrió el pasado 7 de enero en Caraca, Venezuela, alrededor de las cinco de la tarde.
Según información extraoficial obtenida por IPYS, no confirmada ni negada por las autoridades estatales, Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, fue interceptado, sometido y detenido por personas no identificadas.
Transcurrida una semana desde la detención de Correa, las autoridades de Venezuela no han informado sobre los motivos de la aprehensión, el lugar y las condiciones en que se encuentra el activista, por lo que se configura el delito de desaparición forzada de personas, advirtieron organizaciones como IPYS Venezuela y otros organismos de la sociedad civil.
Según IPYS, se trata de “un patrón de ataque contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, sobre todo en el contexto electoral”.
Durante 2024, IPYS documentó la detención de 14 trabajadores de prensa, 11 de las cuales ocurrieron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Hasta el momento solo han sido excarcelados Deisy Peña, Gilberto Reina, Ana Carolina Guaita, Fernando Chuecos, Paúl León y Yousnel Alvarado.
Cabe señalar que el pasado 7 de enero de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) publicó un informe titulado Venezuela “Graves violaciones de derechos humanos en el contexto electoral”, en el cual reitera que ataques como el sufrido por Carlos Correa corresponden a “prácticas de terrorismo de Estado”.
