El Instituto Nacional Electoral prevé solicitar a la Cámara de Diputados 12 mil 900 millones de pesos para organizar las primeras elecciones de cargos del Poder Judicial, previstas para el 1º de junio de 2025. Se trata del proceso electoral más caro en la historia de la democracia mexicana.
Las elecciones federales de 2024, en las que se renovó la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, tuvieron un costo de 8 mil 200 millones de pesos.
Las elecciones federales de 2021 costaron 7 mil 861 millones de pesos, y las federales de 2018 costaron 7 mil 144 millones de pesos. En ambos casos, Morena -el partido de Andrés Manuel López Obrador- se quejó por el costo de las elecciones y, durante todo el sexenio 2019-2024, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados aplicó sendos recortes al presupuesto solicitado por el INE.
Estas cifras sólo consideran la partida presupuestal solicitada por el INE para un rubro conocido como “organización de elecciones federales”, y no considera el presupuesto base para la operación del instituto, adquisición de materiales, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y pago de sueldos del personal del INE.
Tampoco incluyen el gasto en partidos políticos, que cada año reciben prerrogativas para su gasto ordinario y, en años de elecciones federales, una cantidad adicional para gastos de campaña. En 2024, por ejemplo, los partidos recibieron 10 mil 444 millones de pesos.
Para 2025, el financiamiento público de los partidos será de 7 mil 354 millones de pesos, que se repartirán entre las seis franquicias con registro nacional: Morena, PAN, PRI, MC, PVEM y PT. Como ellos no están contemplados en la elección de jueces, no recibirán recursos para gastos de campaña, pero sí sus prerrogativas anuales para gasto ordinario.
El alto costo de la democracia electoral fue uno de los temas con los que López Obrador y Morena justificaron sus críticas al INE y sus intentos por reformarlo.
Siempre se quejaron de una democracia cara y alejada del pueblo, pero ahora, de cara a las inéditas elecciones judiciales de 2025, aún no se escuchan las voces que fustiguen al INE; quizás, porque aún no conocen el anteproyecto de presupuesto del INE para 2025.
El gasto electoral más alto de la historia
Según las cifras que se dieron a conocer el sábado pasado en la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, este año el instituto hará una solicitud presupuestal histórica a la Cámara de Diputados, que rondará los 40 mil millones de pesos.
El INE pedirá 15 mil 295 millones de pesos para su operación anual: presupuesto base (operación, nómina y materiales) y cartera institucional de proyectos.
Además, le corresponde solicitar los 7 mil 354 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos, que no forma parte de su patrimonio, pues lo entrega directamente a los partidos en depósitos mensuales.
Un tercer rubro es una partida precautoria que se solicita desde el año 2021, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Consulta Popular, ante la eventualidad de que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o la ciudadanía promuevan una consulta como la ocurrida hace tres años. La partida precautoria para una probable Consulta Popular en 2025 asciende a 4 mil 620 millones de pesos.
Todo esto da un total de 27 mil 270 millones de pesos, que el INE enviará a la Secretaría de Hacienda para que ésta a su vez la incorpore en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2025, que ya le corresponderá a la Cámara de Diputados aprobar, con o sin modificaciones.
Una cuarta partida será la que se destine a la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial, que según las cifras que extraoficialmente ha compartido la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, será de 12 mil 900 millones de pesos.
La suma total de estos rubros es de 40 mil 170 millones de pesos, que sin duda representan una cantidad extraordinaria en relación a lo ejercido por el instituto y los partidos desde que en 1990 se fundó el IFE, hoy INE.
Suponiendo que no hay Consulta Popular -como todo parece indicar- y sin considerar el financiamiento de los partidos políticos, el costo del INE -con todo y la elección de jueces- sería de 28 mil 196 millones de pesos.
Según un análisis del INE sobre los presupuestos ejercidos de 2014 a la fecha, esos 28 mil millones también representarían una cifra histórica respecto a otros años con elecciones federales:
- 2025: 28 mil 196 millones de pesos
- 2024: 23 mil 224 millones de pesos
- 2021: 22 mil 287 millones de pesos
- 2018: 22 mil 705 millones de pesos
- 2015: 20 mil 927 millones de pesos
La elección judicial va
Lo cierto es que el simple hecho de que el INE tenga ya un estimado de lo que podría costar la elección de personas juzgadoras es el mejor indicativo de que este proceso está en marcha, pese a todas las controversias jurídicas -incluidas cientos de suspensiones emitidas por jueces contra diversas etapas de la reforma judicial-, y pese a la polémica que ha levantado todo el proceso.
La reforma judicial viaja en un tren que Morena conduce sin freno: a la reforma constitucional, aprobada en septiembre, siguieron las reformas a las leyes secundarias y la implementación, con la insaculación para determinar qué cargos se elegirán este año, y la próxima instalación de los comités de evaluación previstos para que cada uno de los tres Poderes filtre y determine las candidaturas.
Esta semana habrán de instalarse dichos comités y el 4 de noviembre cada uno de los tres Poderes lanzará la convocatoria para que los interesados se inscriban en el complejo proceso para tratar de estar en la boleta el 1º de junio del próximo año.
El INE -que ha obtenido ya una acción declarativa del Tribunal Electoral para avalar sus actos en el proceso electoral en marcha- ha decidido reanudar las actividades, y se apresta a movilizar la maquinaria humana y logística que, cada tres años, hace posible que se instalen más de 160 mil casillas para que casi cien millones de electores tengan una boleta electoral esperándolos en las urnas.
La complejidad de la elección judicial, que se abre camino en medio de impugnaciones, pondrá a prueba esa capacidad que ha hecho del INE una de las instituciones más confiables y apreciadas por la ciudadanía.
