De cuando en cuando, un hecho violento nos recuerda que Chiapas es un estado fallido; un territorio abandonado, sin ley, al que le han fallado gobiernos de todos los partidos políticos.
Esta vez fue el asesinato de un sacerdote en San Cristóbal de las Casas -una de las pocas ciudades chiapanecas que aún son visitadas por el turismo nacional y extranjero-, lo que volvió a poner al estado sureño en la agenda nacional.
El padre Marcelo Pérez Pérez acababa de oficiar una misa y conducía su camioneta cuando fue acribillado por sujetos que iban en una motocicleta.
Al sacerdote se le conocía por su activismo en favor de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas de Simojovel, Pantelhó y San Cristóbal.
Era un hombre de paz, al que acribillaron sin clemencia, a plena luz del día, y a pesar de que desde 2015 se habían solicitado medidas cautelares para proteger su vida.
El gobernador morenista Rutilio Escandón salió a decir lo de siempre: “condeno y lamento el cobarde asesinato, vamos a colaborar con las autoridades correspondientes para que su muerte no quede impune”.
Palabras huecas que, de tanto repetirse a lo largo de tantos años, por autoridades de tantas fuerzas políticas distintas, ya resultan ofensivas.
Violencia, pobreza, migración y desplazados
Rutilio Escandón es el cuarto gobernador no priista que Chiapas elige de 2000 a la fecha. El más reciente de una larga fila de gobernadores que fracasaron en el intento de resolver los problemas ancestrales que padece la entidad.
Chiapas es uno de los estados que más ha vivido la alternancia electoral, pero también es una de las entidades a las que la democracia le ha quedado más a deber. Las urnas han llevado al gobierno a personajes emanados del PRI, del PAN, del PRD, del Verde y de Morena, pero no han resuelto uno solo de los problemas del estado.
Treinta años después del levantamiento zapatista de 1994, su población se encuentra asediada por grupos criminales. La violencia ha provocado desplazamientos forzados de comunidades enteras. La migración es un jugoso negocio para bandas dedicadas a la trata de personas. La extracción de recursos -legalizada y clandestina- amenaza sus reservas naturales. Los conflictos agrarios no se resuelven y, de cuando en cuando, generan enfrentamientos como los que recientemente impidieron la realización de elecciones en dos municipios.
La pobreza sigue siendo un mal lacerante, a pesar de los miles de millones de pesos que ha destinado la federación desde 1994 -luego del levantamiento zapatista.
Muchas mujeres, niños y hombres padecen hambre, mientras sus gobernantes acumulan riquezas.
La mayor parte de las causas y demandas del levantamiento del EZLN siguen ahí, pero ahora agravadas por la violencia y el control de territorios por parte de criminales que han desplazado a los gobiernos municipales, estatal y federal.
Treinta años de alternancia y gobiernos fallidos
Luego del levantamiento zapatista, el PRI ganó las elecciones de Chiapas el 21 de agosto de 1994, pero el gobernador electo, Eduardo Robledo (padre del actual director del IMSS, Zoé Robledo), sólo pudo permanecer dos meses en el cargo. En febrero de 1995 fue sustituido por el gobernador interino Julio César Ruiz Ferro, que en 1998 dio paso a un segundo interino, Roberto Albores. Los tres eran priistas.
En agosto de 2000, luego de la caída del PRI en las elecciones presidenciales, una alianza de partidos opositores (PRD, PAN, Convergencia, PT, PVEM, PAS y PSN) llevaron a la gubernatura a Pablo Salazar Mendiguchía, lo que parecía abrir un nuevo horizonte a la entidad.
Pero el experimento aliancista fue un desastre. Ningún partido nacional se hizo responsable de aquel gobierno, Pablo Salazar acabó enemistado con su sucesor, Juan Sabines; fue procesado penalmente por enriquecimiento ilícito y homicidio culposo, detenido en 2011 por un proceso iniciado desde el gobierno de Sabines y liberado hasta 2012, absuelto de todos los cargos.
El gobierno de Sabines, iniciado en el turbulento 2006, fue igualmente fallido. Ganó las elecciones bajo las siglas del PRD, pero muy pronto se alió al panista Felipe Calderón, quien otorgó amplios presupuestos que permitieron un gobierno sin sobresaltos políticos, pero que ha sido señalado como uno de los más corruptos en la historia de Chiapas.
Sabines entregó el estado a empresas como Grupo Salinas, que obtuvo permisos para explotar minas y ampliar desde Chiapas su influencia en Centroamérica. Antes de dejar el gobierno del estado, endeudado y con faltantes en su hacienda pública, pactó para facilitar el triunfo del Partido Verde en las elecciones de 2012.
Ese año, Manuel Velasco Coello se convirtió en gobernador con sólo 32 años de edad, gracias a una alianza con el PRI que, en ese mismo proceso electoral, ganó la Presidencia con Enrique Peña Nieto como abanderado.
El gobernador pintó de verde todo el estado, se casó con la cantante Anahí en 2015, recibió al Papa Francisco en Chiapas en 2016, logró que el PVEM se convirtiera en la fuerza política más influyente de la entidad, mantuvo a raya a la oposición y repartió millones de pesos para sofocar los movimientos sociales, pero no resolvió los problemas de la entidad.
La cuna de la alianza Verde-Morena
En las elecciones de 2018, Velasco rompió con el PRI estatal e hizo que el Verde postulara a su propio candidato, Luis Fernando Castellanos, lo que precipitó la derrota del priista Roberto Albores Gleason.
Además, desde la gubernatura operó en favor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo en Chiapas 1.4 millones de votos, el triple de José Antonio Meade, que era el candidato del PRI y el Verde.
Velasco entregó la silla al actual gobernador Rutilio Escandón, de Morena, y se aseguró un escaño en el Senado de la República.
El hoy senador reelecto fue el operador de la alianza Verde-Morena, que en el sexenio anterior comenzó como un acuerdo legislativo y terminó en una exitosa alianza electoral con la que arrasaron en las elecciones del pasado 2 de junio.
Chiapas tendrá cambio de poderes el próximo 8 de diciembre, cuando Rutilio Escandón entregue la gubernatura a Eduardo Ramírez Aguilar, también de Morena, un político forjado a lado de Manuel Velasco, exoperador del Verde y exaspirante a la gubernatura, quien hace cuatro meses ganó el estado con 1.8 millones de votos, más del 79 por ciento de la votación emitida.
Gobernará sin oposición, pues los partidos de su coalición ganaron cien de los 123 municipios y 34 de 40 diputados del Congreso local.
A pesar del fracaso de la administración que concluye, y de que Chiapas está peor que nunca, la oposición fue incapaz de presentar una alternativa atractiva a los chiapanecos, y el PRI, PAN y PRD prácticamente fueron borrados del mapa.
Está visto que la democracia electoral y la alternancia no resolvieron los problemas de Chiapas; veremos ahora si un nuevo régimen de partido hegemónico puede hacer algo para pacificar el estado, pagar la deuda histórica con los pueblos indígenas y liberar a la entidad del control que hoy ejercen los grupos del crimen organizado.
