El lunes alrededor de cien servidoras públicas de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) se manifestaron a las puertas del edificio sede, ubicado en Barranca del Muerto. Hasta hace unas horas, aún se seguían leyendo las pancartas que utilizaron y dejaron pegadas en la entrada. Las manifestantes pidieron a la Junta Directiva que tomara acciones urgentes para acabar con la violencia de género en la institución, pero en realidad, ningún medio de comunicación tiene la información completa, pues el grupo que se manifestó está muy cerrado. Al parecer están dándole su voto de confianza a las autoridades para que reaccionen y están esperando que haya una respuesta real.
Si bien ha sido muy difícil investigar qué es lo que sucede al interior, los carteles que permanecen expuestos son reveladores, pues en ellos se leen consignas como: “Compañero, expresa tu rechazo a la violencia y súmate”; “Decir que no es para tanto, es ignorar que la violencia empieza con cada foto difundida sin consentimiento”; “Un abusador no merece tu amistad. Rompe el pacto”; “No podemos trabajar si nos violentan”; “Junta Directiva: su silencio y omisión les hace cómplices. Por un Mejoredu libre de violencia de género”. Además, se entonaron cánticos como los que se suelen escuchar cada 8 de marzo.
Ello nos hace pensar que algo grave y de magnitudes importantes sucedió como para que haya orillado a las trabajadoras a protestar de esta manera, quizá sintieron que era la única forma de que les hicieran caso. Por lo pronto, el hermetismo continúa en Mejoredu, se desconocen las reclamas específicas, y ninguna autoridad ha salido a aclarar nada. El lunes dos de los comisionados se presentaron para escuchar las demandas, pero todo fue muy general, no se abordó nada concreto.
Lo que es cierto es que, si como apuntan las pancartas, el problema está relacionado con violencia de género, el asunto es decepcionante. Es lamentable que las mujeres no solo deban cuidarse en la calle sino en sus lugares de trabajo, que en este caso es una institución gubernamental; lo que resulta una noticia terrible para todos los demás, porque ¿cómo confiar en la capacidad del Estado si ni siquiera a sus trabajadoras puede mantener seguras?
Peras o manzanas, esperemos que pronto se resuelva, que la Junta haga lo debido y como se plasmaba en una cartulina, quienes laboran en la Comisión por fin puedan trabajar en un lugar donde no se les violente de ninguna forma. Espacios laborales dignos, les llaman.
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Las autoridades estadounidenses están tan sumergidos en el tema de su propio proceso electoral de noviembre para renovar al presidente o reelegirlo, que no están viendo con detenimiento el avance hacía una reforma judicial en México ni sus implicaciones.
Después del atentado el sábado contra Donald Trump, los Republicanos y Demócratas parecen haberse alejado todavía más del seguimiento a los cambios constitucionales mexicanos para que ministros y magistrados puedan ser electos mediante el voto popular sin necesidad de contar con experiencia.
En cambio, en el sector empresarial sí parece haber mejor claridad y preocupación por el debilitamiento de los derechos en los cambios constitucionales rumbo a elecciones judiciales en la que el narcotráfico no tendría mayores obstáculos para apoyar y meter candidatos suyos al Poder Judicial, también de una posible creación de incentivos perversos para la aplicación selectiva de la ley y la justicia, e incluso el riesgo de que se sancionen a personas juzgadoras cuyas decisiones no se ajusten a las preferencias políticas en turno o la parálisis ante coincidencias o afinidades políticas.
Son apuntes rescatados de los foros nacionales que se han llevado a cabo en diversas partes del país para hacerse de impresiones diversas sobre la posible selección de jueces como debe basarse en criterios objetivos y transparentes que consideren el desempeño profesional de sus candidatos y que éstos no estén sujetos a destitución por sus decisiones judiciales.
Mientras eso pasa, los políticos estadoudinenses están peleándose por la presidencia.
Entonces, una vez que el ganador llegue a la Casa Blanca, es factible, que desde enero 2025, empiecen a notar el caos que dejaría la reforma judicial en nuestro país y se aproveche la coyuntura de la revisión del TMEC para que del 2025 al 2026 empiece el Gobierno la realización de varios ajustes de dicha firma, por eso el martes el propio exsecretario de Relaciones Exteriores salió al pasó al decir que no se pretende revisarlo todo porque supuestamente funcionó sin problemas durante sexenio de López Obrador.
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POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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