Villa Pesqueira, Sonora.- En la Cuarta Transformación se ha priorizado la garantía de los derechos sociales, entre ellos, el acceso universal de las personas mayores a una pensión no contributiva para vivir dignamente aseguró la candidata al senado por Morena, Lorenia Valles Sampedro.
“De acuerdo con CONEVEAL, el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contribuyó a la reducción de la pobreza de este sector poblacional, ya que entre 2018 y 2022, la pobreza moderada y la pobreza extrema en personas mayores de 65 años pasaron de 49.9% a 37.5% y de 15.6% a 8.8%, respectivamente. Más que un programa social, el apoyo a las personas mayores es una política de Estado”, señaló.
En 2018, el último año del gobierno anterior, el apoyo a esta población era de mil 160 pesos bimestrales. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2019, creció a 2 mil 550 pesos bimestrales, con el compromiso de ampliar el apoyo progresivamente hasta llegar en 2024 a 6 mil pesos bimestrales.
Para lograr el último aumento, este año, el Gobierno federal destinó un presupuesto de 465 mil 48 millones de pesos.
Durante su gira por los municipios de Villa Pesqueira y Mazatán, dijo que, aunque en los hechos ya se hace, la Constitución reconoce el derecho a partir de los 68 años, aunque el Presidente determinó que sea desde los 65 años.
“En la construcción del segundo piso de la cuarta transformación, el objetivo prioritario es reducir por mandato constitucional la edad de acceso a la pensión de 68 a 65 años, a fin de que tres millones de personas más gocen de este derecho en 2030”, enfatizó la candidata morenista.
Valles Sampedro recordó que el primer antecedente de una pensión para personas mayores en México es de 2001 en el entonces Distrito Federal, cuando Andrés Manuel López Obrador se desempeñaba como jefe de Gobierno.
“La pensión para personas mayores contribuye a promover la autonomía personal, la equidad y a evitar que la pobreza se profundice en los hogares, en este gobierno se ha demostrado que la política social y el fortalecimiento de los salarios mínimos son instrumentos que garantizan el bienestar y que reducen las desigualdades. A diferencia de lo que cree el PRIAN, el gasto público en el bienestar de la gente es justicia social y una verdadera transformación”, finalizó.
