Un abogado que defiende la ley de migración de Texas dijo a un tribunal federal de apelaciones que los legisladores estatales pueden haberse “excedido” cuando aprobaron el año pasado.
La ley SB4 convierte la entrada ilegal en el estado en un delito estatal y permite a los jueces estatales ordenar la deportación de inmigrantes.
En una audiencia ante el Tribunal de Apelaciones del 5° Circuito de Estados Unidos (EEUU), el procurador Aaron Nielson, mencionó que, al diseñar la ley, los legisladores trataron de ir “hasta el límite” en términos de lo que los precedentes de la Corte Suprema permiten a los estados.
Sin embargo, el abogado añadió: “Para ser justos, quizá Texas se excedió”.
Argumentó ante un panel de circuito que ya puso en pausa la entrada en vigor de la ley mientras el tribunal examina más a fondo el estatuto.
Nielson trató de restar importancia a la amplitud de la ley y argumentó que no interfería con la autoridad federal en materia de inmigración.
El miércoles, expresó que, según la interpretación de la ley estatal hecha por la fiscalía general de Texas, los migrantes sujetos a órdenes de deportación de tribunales estatales serían entregados a las autoridades en los puertos fronterizos y luego los funcionarios federales determinarían si deben ser liberados en EEUU.
Priscilla Richman, magistrada de la Corte Suprema, una juez conservadora que fue el voto decisivo en la decisión del panel de 2-1 que la semana pasada suspendió temporalmente la ley, se mostró escéptica ante los intentos de Nielson de limitar el ámbito de aplicación de la ley estatal.
“¿Qué ha conseguido la ley?”, preguntó a Nielson.
Un abogado del Departamento de Justicia, que interpuso una de las demandas contra la ley de Texas, instó al tribunal de apelaciones a no apartarse de su anterior fallo de bloqueo de la ley.
“Nada de lo que ha sucedido esta mañana proporciona una base para desviarse del análisis establecido en la opinión de suspensión de este Tribunal”, expresó el abogado del Departamento de Justicia Daniel Tenny al tribunal de apelaciones el miércoles.
El juez Andrew Oldham, el único miembro del panel que parece dispuesto a mantener la ley, acribilló a Tenny con preguntas que trataban de socavar los argumentos esgrimidos por la administración y otros demandantes en oposición a la ley.
“Nunca en la historia de la nación ha conseguido Estados Unidos lo que ha conseguido en este caso, que es la invalidación de una ley que nunca entró en vigor
Es un logro extraordinario que Estados Unidos haya ganado”.
Nielson, por su parte, señaló al tribunal que la SB4 era el intento del estado de hacer cumplir las leyes federales de inmigración que, según él, son ignoradas por el Gobierno de Biden.
“Por supuesto, sabemos que los presidentes van y vienen, y diferentes administraciones podrían muy bien hacer cumplir la ley federal de manera diferente”, dijo, argumentando que la ley podría no ser necesaria bajo una administración presidencial diferente.
Añadió que si el tribunal considera que algunos aspectos de la ley de Texas no son válidos, no debería anular toda la ley, sino “separar” esas partes para permitir que las demás disposiciones sigan en vigor.
La audiencia del miércoles fue el último episodio de un complicado drama legal en torno a la SB4, que el mes pasado vio cómo la ley entraba en vigor durante varias horas un día después de que la Corte Suprema del país permitiera su aplicación, solo para que el tribunal de apelaciones la bloqueara en una inesperada orden esa misma noche.
La ley fue bloqueada inicialmente por un juez federal a finales de febrero. La orden preliminar se dictó en respuesta a las demandas interpuestas contra Texas por el gobierno de Biden, el condado de El Paso y dos grupos de defensa de los inmigrantes.
En la orden del mes pasado por la que se denegaba la solicitud de Texas de aplicar la ley mientras se resolvía su recurso contra la orden judicial, Richman afirmó que la ley probablemente violaba la Constitución y los precedentes de la Corte Suprema.
Expertos jurídicos han dicho que si el caso de Texas llega al alto tribunal, podría dar a los jueces la oportunidad de revisar la sentencia de 2012 y, potencialmente, poner en entredicho la autoridad del gobierno federal sobre asuntos de inmigración de EEUU.
Información de CNN
