La crisis migratoria que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos crece aceleradamente y en los próximos días podría llegar a un punto muy peligroso, el cual podría radicalizar las medidas a tomar por parte de las autoridades migratorias y los gobiernos estatales del lado estadounidense.
Se estima que en las últimas semanas a diario más de 10 mil migrantes han cruzado ilegalmente la frontera, cifras que no se veían desde el levantamiento del Título 42, restricción surgida durante el Covid y que permitía a las autoridades rechazar a los migrantes en la misma frontera.
Entre las razones de este aumento en el flujo de migrantes, se encuentra la información errónea que difunden contrabandistas de personas para animar a los migrantes a cruzar ilegalmente, además de los recursos limitados con que cuenta México para contener la migración en sus propias fronteras.
El problema es que de continuar elevándose el cruce de migrantes ilegales a 12 mil o 14 mil por día, esto llevaría al límite los recursos financieros, físicos y humanos de que dispone el gobierno estadounidense para proteger su frontera Sur.
Entonces, cualquier número más allá de esa cifra provocaría una importante tensión en materia de recursos y detenciones, y ante lo cerca que se encuentran las elecciones presidenciales en ese país, las autoridades estadounidenses podrían verse obligadas a tomar medidas extraordinarias para tratar de contener la oleada de migrantes.
Por esta razón, es que hemos visto ya el cierre de varias garitas: Primero fue la de Sonoyta-Lukeville, Arizona, luego los cruces ferroviarios de Eagle Pass y El Paso, en Texas, y hace unos días el paso peatonal Oeste en la garita de Tijuana-San Ysidro, California.
Además, hace unos días la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, ordenó a la Guardia Nacional de ese estado se despliegue en la frontera con Sonora para colaborar con las autoridades federales en el manejo del flujo de migrantes.
Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, fue más allá y firmó una ley antiinmigrante que entrará en vigor en marzo de 2024 y que permite a las autoridades locales preguntar a cualquier persona sobre su situación migratoria en cualquier parte del estado y abre la puerta a que quien no pueda demostrar que tiene papeles sea detenido o, incluso, expulsado del país.
A la fecha, cámaras empresariales estiman que las pérdidas en Puerto Peñasco por el cierre de la garita de Lukeville ascienden a alrededor de 34 millones de dólares, esto ante la caída en el flujo de turistas estadounidenses a este destino sonorense.
Por otro lado, el cierre de los pasos ferroviarios de Eagle Pass y El Paso, en Texas, se estima que han provocado pérdidas económicas por comercio fronterizo de 200 millones de dólares en tan solo los dos primeros días de la puesta en práctica de la medida, esto de acuerdo con datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Por un momento imaginemos que se da el peor de los escenarios, y el flujo de cruces ilegales diarios aumenta a 15 mil o 18 mil, y eso provoca el cierre del paso ferroviario en Nogales y el cierre de las garitas de San Luis Río Colorado o Agua Prieta. Sin duda, las pérdidas económicas para nuestro estado serían todavía mayores a las de Peñasco o Eagle Pass y El Paso.
Es urgente que el gobierno federal de López Obrador actúe pronto contra los contrabandistas de personas que están alimentando este incremento extraordinario del flujo migratorio, y que además destine mayores recursos para la atención de este problema creciente, antes de que se convierta en un problema económico que impacte negativamente a las exportaciones mexicanas, la inversión extranjera y la llegada de turistas americanos y paisanos a nuestro territorio.
Twitter: @gomezreyna
