Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo de una Jueza federal que impedía la extinción de dominio de Emilio Lozoya Austin sobre una residencia ubicada de la colonia Lomas de Bezares de la Ciudad de México y, por lo tanto, impedía que ésta se convirtiera en propiedad de la Federación.
De acuerdo con registros judiciales, la FGR presentó un recurso de apelación contra el fallo dictado el pasado 10 de noviembre por Ana Lilia Osorno Arrojo, quien es Jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio.
Fue la impartidora de justicia quien dio por recibido el recurso de la FGR a través de un acuerdo publicado por la Dirección General de Gestión Judicial.
“En términos de lo dispuesto en los artículos 158, fracción III, 159,161, fracción III, 163, 163 y 165 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se tiene por presentado el recurso de apelación en ambos efectos que interpone la parte actora, en contra de la sentencia definitiva dictada el diez de noviembre de dos mil veintitrés, en el juicio en que se actúa”, expresa el acuerdo de la Jueza.
“Asimismo, téngase por señalado el domicilio que indica la accionante para recibir notificaciones en segunda instancia, para los efectos legales conducentes en dicha instancia. Fórmese el cuaderno de apelación con las actuaciones relativas al recurso interpuesto contra la sentencia definitiva”, continúa el documento.
La residencia en cuestión habría sido adquirida por Lozoya con recursos derivados de un supuesto lavado de dinero relacionado con el caso de Agronitrogenados en el 2012. Es un inmueble de mil 165 metros cuadrados y su valor está calculado en menos de 38 millones de pesos, cantidad por la que habría sido adquirida por Lozoya.
En noviembre de este año, Ana Lilia Osorno Arroyo, Jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, resolvió que es improcedente la demanda de extinción de dominio de la FGR para hacerse de la residencia de Lozoya ubicada en Lomas de Bezares.
En su resolución, la juzgadora argumentó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable a este caso porque Lozoya adquirió su casa en 2012.
“Debido a que el hecho ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), vinculado con el bien inmueble objeto del juicio, se consumó en el año 2012, esto es en una época en que dicho delito no estaba previsto de manera sustantiva en el artículo 22 constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de extinción de dominio, pues debe considerarse que lo sustantivo no puede aplicarse sobre una hipótesis de procedencia no prevista”, determinó la Juez.
De acuerdo con la resolución, ya existe un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que acota de manera puntual que la extinción de dominio sólo es procedente en los supuestos antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
La FGR, que no ha podido cobrar a Lozoya ni un solo peso de la cantidad que pretendía, puede impugnar esta resolución ante un Tribunal Colegiado para que este resuelva finalmente el caso.
La demanda de extinción fue presentada el 21 de octubre de 2021 y admitida a trámite el 3 de noviembre por la Juez Osorno.
El exdirector de Pemex permanece en prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht.
En los últimos cuatro años, la Fiscalía General de la República no ha logrado concretar sentencias contra funcionarios públicos en casos como la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados, la trama de corrupción Odebrecht, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa o el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, además de la investigación que mantiene en contra de Juan Collado, abogado de exfuncionarios priistas y a quien acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En septiembre pasado, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México rechazó información bancaria obtenida por la dependencia, clave para demostrar los sobornos por 10.5 millones de dólares que Lozoya Austin y sus familiares habrían recibido de la constructora brasileña a través de una red de empresas fachada radicadas en Suiza.
Con ello, el exfuncionario buscará anular el proceso, incluso su abogado Miguel Ontiveros pronóstico que “se va a caer el caso”.
