Por Estrella Pedroza
Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos, fue detenido por cuarta ocasión, ahora por elementos de la Fiscalía Anticorrupción pero no ha salido del Centro Federal de Readaptación Social número Uno “El Altiplano”, ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Así lo denunció está mañana su defensa legal, y precisó: “nos hicieron creer que sería trasladado a Centró de Reinserción Social del Estado de Morelos, situado en Atlacholoaya”.
La detención intramuros se realizó ante una orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos en contra del Fiscal quién presuntamente cometió el delito de tortura.
Los abogados Carmona destacaron: “la ejecutaron intramuros hicieron creer, hasta el último momento, que se llevaban, la causa está que su traslado será en Atlacholoaya pero lo dejaron ahí”, destacó el equipo legal.
El equipo legal se trasladó en avanzada a Morelos y lo estuvieron esperando en el penal de Atlacholoaya. “Nunca fuimos avisados de la decisión de última hora”, denunciaron.
En el Registro Nacional de Detenciones, consultado está mañana, se refiere que “derivado de que el traslado no fue realizado, la persona (Uriel Carmona) queda a disposición del Centro Federal de Readaptación Social número Uno “El Altiplano”, ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México, y puesto a disposición del juez que lo requiere”.
En el registro se describe de la siguiente forma al Fiscal: “masculino de aproximadamente 1.69 metros de estatura, complexión robusta, tez moreno claro, con ojos grandes, boca chica, cabello color negro”.
La defensa legal de Carmona, destacó” seguramente se va argumentar un tema de seguridad y alta peligrosidad”.
Sin embargo, personal del Cefereso apuntan que el propio fiscal morelense habría solicitado no ser trasladado al penal de Atlacholoaya porque teme por su vida.
Esta orden de aprehensión podría estar relacionada con el caso de “El Diablo”, de refiere al joven Luis Alberto Ibarra Martínez que fue detenido por su presupuesta participación en un feminicidio y un doble asesinato dos personas -la joven y un joven eran trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)- quienes fueron retenidos y asesinandos en el municipio de Hutzilac.
Luego, un juez lo puso en libertad por considerar que las evidencias presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE) fueron alteradas, tras obtener su libertad el joven denunció que fue víctima de tortura.
