Una denuncia interpuesta en 2020 por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa ante la Fiscalía General de la República (FGR) fue rarificada.
La denuncia interpuesta originalmente el 18 de agosto de 2020 es por actividades ilegales relacionadas con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en octubre de 2009 y fue ratificada el pasado miércoles 30.
El SME señala en su denuncia no solo a Felipe Calderón, sino a miembros de su gabinete y jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
También hace referencia al libro ‘Decisiones difíciles’, publicado en 2020, en el que el exmandatario michoacano detalla aspectos sobre la extinción de LyFC y en el que, según el SME, el capítulo ocho contiene confesiones de acciones que podrían constituir delitos como abuso de poder, malversación de fondos públicos y actos de corrupción relacionados con el decreto.
El SME señala también que la desaparición de LyFC, que conllevó el despido de más de 44 mil empleados, fue llevada a cabo de manera ilegal a través de un “asalto armado y militar”.
“La extinción de LyFC en 2009 provocó un conflicto laboral y social que hasta la fecha no ha sido resuelto. Además del daño provocado a las y los más de 44 mil trabajadores electricistas que fueron despedidos injustificadamente, el ilegal decreto de extinción dañó fuertemente a la industria eléctrica nacional, la cual fue desmantelada por los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, publicó el SME en un mensaje en sudes sociales.
Asimismo, argumentó que la acción generó “daños sustanciales” a la industria eléctrica nacional, por cambios en la infraestructura eléctrica como la sustitución de cobre por aluminio, así como la “apropiación indebida” de bienes patrimoniales de LyFC por parte de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En un comunicado firmado por José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior del SME, se destaca: “Entre otros aspectos, podemos mencionar los daños patrimoniales derivados del cambio de la infraestructura de cobre a aluminio, el expolio de los activos de LyFC por parte de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y la precarización de las condiciones laborales en el sector eléctrico nacional”.
El sindicato también recalcó que más allá de buscar justicia para los trabajadores afectados, es una oportunidad para llevar a la justicia a los gobiernos neoliberales a los que se acusa de saquear al país durante décadas sin enfrentar consecuencias legales.
Por último, el SME hizo un llamado a que se haga justicia por posibles delitos cometidos durante el proceso de disolución y confió en que esta acción siente un precedente para que los actos gubernamentales sean sujetos de responsabilidad en el futuro.
