“Hágase justicia para que el mundo no perezca”
Hegel
Está debidamente documentado que nuestro país padece en casi la mitad de su territorio una grave situación de estrés hídrico; es decir, que los requerimientos de agua rebasan su disponibilidad, o, dicho en otras palabras, que la oferta del líquido es menor que su demanda.
Los expertos señalan que en el hemisferio occidental somos, en la escala de 0 a 5 de estrés hídrico, el país que ocupa el número 4, y que Sonora está entre las entidades más afectadas, con 4.93.
Lo anterior viene al caso si consideramos la activa promoción económica que se realza en el extranjero para atraer inversiones, en una especie de venta de garaje con factura al futuro que se sostiene a partir de la buena nueva del Litio, los parques solares y la adecuación de los puertos sonorenses de cara a la esquizofrénica competencia del Tío Sam con los países eurasiáticos, donde destacan como objetos del deseo el petróleo, el gas y los minerales estratégicos que tienen Rusia, China y alrededores.
No es difícil pensar que el libre comercio no funciona igual para todos sino, sobre todo, en beneficio del país que la promueve desde occidente con sus reglas e intereses, de suerte que la periferia (México incluido destacadamente) debe sudar calenturas ajenas y cumplir con el papel de traspatio o plataforma logística del norte.
Pero bueno, volviendo a la cuestión del agua, ¿hay alguna posibilidad de que se replantee la política de expansión inmobiliaria, el uso, volumen y destino del agua, la expansión minera y la distribución de la energía, incluyendo sus costos para los usuarios?
Y hablando de costos, se tiene el caso de personas que reportan incrementos excesivos en la factura eléctrica, que les da miedo prender el aire acondicionado, que la desesperación ha llegado al extremo de que la ciudadana Marisela Barraza está en huelga de hambre en San Luis R.C., desde el día 13, con la esperanza de que alguien haga algo (El Imparcial, 24.08.2023). ¿Habrá respuesta de la parte “competente”?
Cada vez son más los ciudadanos que se quejan de aumentos desproporcionados en la tarifa gracias a los nuevos medidores que una empresa particular instala bajo la cobertura de la CFE. ¿Será que los costos de la actualización en el registro del consumo corren a cuenta del usuario cautivo? ¿Los medidores digitales van por la precisión y justicia en los cobros o son la tajada de algún empresario con enchufes eléctricos de alto nivel que baila un zapateado de impunidad sobre la justicia social y transparencia que postula el actual gobierno?
Por el lado judicial, crece la indignación por el asesinato de la joven Alma Lourdes, empleada de una carnicería en Ciudad Obregón, a manos de un acosador que fue rechazado y regresó para matar. En el domicilio de “presunto” se encontraron varias armas, por lo que el caso de asesinato se complica con otro asunto que es de la competencia federal. El deseo ciudadano es que a la autoridad no se le haga bolas el engrudo judicial y que se haga justicia de manera fluida, transparente y expedita.
Otra aprehensión en esa ciudad es la del presunto (sic) homicida del abogado Abel Murrieta, exprocurador de justicia del Estado. Estos casos recientes parecen advertir que por rumbos del Yaqui hace falta una buena pasada de aspiradora judicial, respetando, desde luego, los derechos humanos y las leyes vigentes (en espera de su cumplimiento).
Para muchos es más que evidente que la tarea de desestabilización del gobierno corre a cargo de ministros y jueces que “cumplen el deber” de poner piedras en el camino del gobierno para que no cumpla cabalmente lo que le corresponde.
Son recurrentes las noticias de que un juez guarda para después un recurso contra un evasor fiscal de grueso calado, de un criminal de cuello blanco, o concede fallos favorables a personas u organizaciones que ponen el interés privado por encima del público, aun a costa de la justicia basados, en interpretaciones sesgadas y facciosas del texto constitucional.
El jaloneo en torno a los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana resuma jodidez conceptual e ideológica, acedo conservadurismo y carencia de sentido de la historia.
Se promueven amparos, se reúnen firmas, se dan declaraciones en una acción política que tiene las mismas características de otras, como aquella de “el INE no se toca”, cuyo trasfondo no encuentra asidero más allá de la ignorancia de muchos, la malicia de algunos y la capacidad manipuladora de pocos con olor a dinero y privilegios.
El suponer que las acciones de gobierno nos llevan a ser “Venezuela” o “Cuba” y que inoculan mediante los libros de texto el virus del comunismo es, con todo respeto, una pendejada de las más gordas que se han conocido en los últimos años.
Negar la realidad de una sociedad que se mueve y manifiesta, que tiene memoria y que busca el cambio es, por lo menos, absurdo.
Podrán molestarnos determinadas referencias históricas, o estar en contra de ciertas posiciones relativas a la llamada diversidad sexual, a la variedad en la composición de las familias, a las nuevas formas de comportamiento social y a las maneras en que el lenguaje expresa estos cambios, pero no podemos negar su existencia, como tampoco debemos caer en la aceptación acrítica de lo nuevo.
Después de todo, el libro y la escuela no son sustitutos de la familia, sus valores, costumbres y tradiciones. De hecho, la tolerancia y el respeto no pueden ni deben confundirse con aceptación, sino que son la vía segura para la paz, la seguridad y la solidaridad social.
