El gobierno de México instó el lunes a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos (EEUU) a reabrir una demanda de 10 mdd para responsabilizar a fabricantes de armas del país por supuestamente facilitar su tráfico a los cárteles de la droga a través de la frontera.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EEUU en Boston cuestionó si un juez de primera instancia concluyó erróneamente que una ley estadounidense impedía a México demandar a Smith & Wesson Brands , Sturm, Ruger & Co y otros.
“Lo que queremos es una orden judicial para que estos demandados empiecen a prestar atención a sus sistemas de distribución”.
“Y sólo los tribunales estadounidenses pueden proporcionar esa medida cautelar”, dijo Steve Shadowen, abogado de México.
La Ley Federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), mencionada por el juez anterior, ofrece a la industria de las armas de fuego una amplia protección frente a demandas por el uso indebido de sus productos.
Pero los abogados de México argumentaron que la ley sólo prohíbe las demandas por lesiones que se producen en EEUU, y no protegería a los siete fabricantes y un distribuidor a quienes demandaron de la responsabilidad sobre el presunto tráfico de armas a los delincuentes mexicanos.
Steve dijo que permitir que su caso proceda en los tribunales estadounidenses permitiría México no sólo solicitar una indemnización por daños y perjuicios, sino también una orden judicial destinada a combatir las 20 mil muertes anuales según él estarían ligadas a las acciones de estas empresas.
El gobierno mexicano dice que más de 500 mil armas son traficadas anualmente de EEUU al país latinoamericano, de las cuales más de 68% son fabricadas por las empresas que demandó, que también incluyen a Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt”s Manufacturing Co y Glock Inc.
Noel Francisco, abogado de Smith & Wesson, argumentó que la demanda de México carecía de alegaciones de que las ventas de armas de los propios fabricantes hicieran algo que pudiera crear una excepción a las amplias protecciones de la PLCAA.
“Hay fabricantes con permiso que venden a distribuidores con permiso que venden a minoristas con permiso que venden a personas que cumplen los requisitos de la ley federal, pero algunos de ellos resultan ser compradores falsos”, explicó.
El juez de circuito estadounidense William Kayatta señaló que, aunque México no había alegado que los fabricantes de armas hubieran violado directamente ninguna ley de armas, una de sus principales teorías jurídicas era que habían ayudado e instigado a otros a traficar con armas en el extranjero, creando una responsabilidad potencial. “¿Qué hay de malo en ello?”, preguntó.
Se espera una sentencia en los próximos meses. Mientras, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó en una videoconferencia que esperan que la Corte de Apelaciones se demore entre seis y ocho meses en analizar los argumentos y tomar una decisión.
Información de El Economista
