Por Solangel Ochoa
Hermosillo, Sonora.- El Congreso de Sonora aprobó hoy la iniciativa de la ley 3 de 3, que busca que ninguna persona sentenciada por violencia familiar, o cualquier agresión de género, delitos sexuales o que deba pensión alimenticia, pueda ocupar cargos públicos o de elección popular en el estado.
“El compromiso es firme con las causas de las mujeres y lo estamos aprobando en este momento en comisión y así se turnará al pleno”, indicó el presidente de la comisión, el diputado Jacobo Mendoza.
El proyecto de dictamen aprobado contiene la modificación de catorce disposiciones a la Constitución Política del Estado de Sonora, sobre los requisitos de elegibilidad a los diferentes cargos de elección popular en los diversos niveles de gobierno, tanto en los poderes del Estado como en los organismos autónomos.
Dichos requisitos de idoneidad que deberán cumplir tanto candidatos como servidores públicos, son el no haber sido una persona sancionada o condenada mediante resolución firme por violencia familiar o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
También por delitos sexuales contra la libertad o la intimidad sexual y el no ser deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimenticios.
Pese a que esta iniciativa fue impulsada por integrantes de la Observatoria Ciudadana Todas MX, las promoventes denunciaron que no se les permitió entrar a la sala de sesiones donde la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dictaminó dicha ley y que antes de iniciar la sesión del pleno también les negaron el pase.
La molestia de las promoventes gira en torno a que su propuesta inicial incluye la viabilidad de incluir desde la vinculación a proceso la observancia de la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, es decir, dentro de los requisitos de elegibilidad debe incluirse el no estar sujeto o vinculado a proceso por los delitos ya antes explicados.
De acuerdo a la exposición de motivos, aplicar la Ley 3 de 3 a quienes estén vinculados a proceso resulta inconstitucional ya que viola el principio de presunción de inocencia.
La diputada Rosa Elena Trujillo Llanes, de Movimiento Ciudadano, hizo uso de la voz en el pleno para manifestarse a favor de las promoventes y resaltó que de acuerdo al Artículo 38 de la CPEUM y el Art. 19 de la Constitución de Sonora, existía una base amplia para poder transitar en el sentido de la solicitud de las promoventes.
“Tienen suspenso los derechos o prerrogativas de ciudadanos del estado, los procesados desde que se dicte el auto de vinculación a proceso hasta que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva”, indicó la legisladora al leer los artículos.
Finalmente, el pleno del Congreso aprobó por mayoría la iniciativa sin modificaciones. Al ser una iniciativa que modifica la Constitución Política del Estado de Sonora, deberá contar con la aprobación de la mitad más uno de los ayuntamientos del estado, es decir 37 municipios, para poder entrar en vigor.
Prevén que el dictamen sea incluido en la sesión extraordinaria prevista para el próximo 04 de Mayo.
