El Poder Judicial decidió que Pedro Castillo continuará en prisión preventiva por otros tres años.
“El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone 36 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo por ser presunto líder de una organización criminal por delitos cometidos en Petroperú y en los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, señaló en un tuit el Poder Judicial.
En diciembre del 2022, el expresidente de Perú recibió un fallo con el mismo propósito (18 meses) en medio de su investigación por “rebelión, conspiración y abuso de autoridad”.
La medida se produjo luego que este diera un golpe de Estado -el siete de diciembre del 2022- no respaldado por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).
El pedido no solo comprende al exmandatario, sino también a exfuncionarios de la gestión castillista: Geiner Alvarado (exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Juan Silva (prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones).
Los mencionados, comprendidos en una denuncia constitucional presentada en octubre del 2022, les atribuye a los investigados los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado.
Los casos de presunta corrupción investigados están vinculados a instituciones como Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
El último martes 7 de marzo, durante la audiencia antes del fallo, Castillo Terrones se presentó a la sesión de forma virtual, desde el penal Barbadillo (Ate), para brindar sus descargos.
“¿Dónde está la presunta organización criminal?. Hoy en día se me hace un cargamontón, estoy privado de mi libertad, asumiendo una situación de complot, porque existe una presión mediática.
Más que seguro, el señor Otárola debe estar con una hoja en la mano, con un borrador con su resolución para alcanzarla, pidiendo mi prisión preventiva.
En ese marco debo decirle, señor magistrado, que tengo la conciencia tranquila, no le he robado ningún centavo al país”, aseveró el expresidente.
Posterior a ello, acompañado de su abogado Eduardo Pachas, este manifestó que no existe una red criminal, sino un “cargamontón” en su contra. Además, negó alguna “obstaculización u obstrucción de la justicia” debido a la actual prisión preventiva que cumple.
“Que me demuestren (los cargos) y decirles que lo que pasa el día de hoy es porque no firmé la hoja de ruta.
No permití que se hagan negociados como se repartieron, muchísimos beneficios, a través de los programas sociales y porque empecé a cobrar las grandes cuentas históricas que tienen con este país las grandes empresas”, sostuvo desde el penal de Barbadillo.
