Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo/AP).- La Presidenta peruana, Dina Boluarte Zegarra, aseguró este jueves que las declaraciones de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en torno de la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, no son “el sentir del pueblo mexicano respecto a Perú“.
Durante una conferencia de prensa con medios de comunicación internacionales, la mandataria de Perú consideró que “algunos países de la región, de manera errónea, han interpretado el caso del expresidente Pedro Castillo”, quien intentó disolver el Parlamento.
“En este caso lo que ha habido es un resquebrajamiento del orden constitucional al haber querido y pretendido dar un golpe de Estado, y el Perú es un país democrático”, expresó Dina Boluarte al poner de ejemplo la destitución de Gustavo Petro cuando era Alcalde de Bogotá, cuyo caso, dijo, “no es similar” al de Pedro Castillo.
“Perú como estado democrático es un país respetuoso de las decisiones que toman los países al interior de cada uno de ellos y Perú tiene el derecho de tejer su propia historia”, añadió.
No obstante, la Presidenta afirmó que a través de la Cancillería su Gobierno trabaja para poder restituir a los embajadores para que éstos puedan regresar a las embajadas respectivas, así como establecer los lazos bilaterales, ya que, “es importante para seguir trabajando con todos los países de la región” y en especial a los pertenecientes de la Alianza del Pacífico.
“Nosotros seguimos manteniendo las relaciones diplomáticas con México. Efectivamente, hemos pedido que se retire su Embajador porque vimos las reiteradas opiniones del Presidente mexicano y creo que no es el sentir del pueblo mexicano respecto a Perú”, declaró.
La semana pasada, Perú expulsó al Embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, por los comentarios de López Obrador en los que acusó al congreso peruano de un “golpe blando” contra Pedro Castillo, criticó que se pusieran “muy respetuosos de la legalidad” y arremetió contra el nuevo Gobierno de Dina Boluarte como represor ante las protestas, palabras que Lima consideró intromisión en asuntos internos.
Pese a la llamada de atención diplomática, el Presidente mantuvo el tono de los comentarios, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores optó por no romper relaciones, según dijo el propio mandatario.
El viernes pasado, con Monroy ya en México y presente en la conferencia matutina, el Presidente subrayó que era “un timbre de orgullo que se declare a nuestro embajador persona non grata por estar cumpliendo la misión de salvar vidas y de hacer valer… lo mejor de nuestra política exterior… el derecho de asilo”.
Desde el siglo pasado, México se ha caracterizado por una acción exterior marcada por la no intervención y la no injerencia en asuntos internos de otros países, una postura que evitaba el escrutinio externo a su política nacional y que permitió al país relacionarse tanto con Estados Unidos como con la Unión Soviética, Cuba o China, al tiempo que defendía la autodeterminación de los pueblos y la soberanía en América Latina.
La indudable tradición de asilo hizo que buscaran refugio en México quienes huían de guerras civiles, conflictos armados o dictaduras militares y las rupturas diplomáticas fueron escasas — con la Alemania del Tercer Reich, con la España franquista, tras la victoria de la Revolución Sandinista en Nicaragua o con el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile— porque generalmente se imponía la llamada “doctrina Estada” (1930) que elude el trámite del “reconocimiento” de los gobiernos. Eso no impidió épocas de cierto “congelamiento” con algunos países.
López Obrador ha apelado a este principio para no pronunciarse sobre la nueva dirigente peruana, pero, sobre todo, insiste en que defenderá el asilo y la “no intervención” aunque este último concepto siempre es subjetivo.
Monroy insistió el viernes en que actuó con apego a la legislación mexicana, la peruana y el derecho internacional, apostando por el diálogo y manifestando “preocupaciones legítimas” de forma respetuosa porque, según indicó, hay dudas sobre si se siguieron las normas al detener a Castillo, que tenía fuero presidencial.
La esposa de Castillo, Lilia Paredes, que está siendo investigada en su país por temas de corrupción, y sus dos hijos menores están desde el 21 de diciembre en México, con un asilo político de “efectos amplios”, dijo Monroy, lo que podría blindarla ante eventuales procesamientos en su país.
Desde el inicio de la administración, en diciembre de 2018, México ha intentado tener liderazgo latinoamericano y, a la vez, fortalecer su relación estratégica —y no exenta de tensiones— con su vecino del norte.
