Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- La Plaza México informó que no se realizará la temporada 2022-2023 como se tenía previsto, debido a la disputa legal que mantiene, que impide la realización del evento.
“No será posible celebrar la ‘Temporada Grande 2022-2023’ en cumplimiento de las resoluciones judiciales que se han dictado”, comunicó el recinto en sus redes sociales oficiales.
“Ha pesar de que La México ha ejercido sus derechos y todos los recursos legales a su alcance para defender a la tauromaquia con el objetivo de levantar la suspensión que actualmente prevalece para la celebración de eventos taurinos”, detalló el inmueble.
El pasado 10 de junio, un Juez de la Ciudad de México ordenó la suspensión definitiva de los espectáculos de toros.
El Juzgado Primero de Distrito confirmó que las corridas y novedades programadas en La Plaza de Toros se detendrán para continuar con la defensa legal de las costumbres y tradiciones mexicanas a favor de la tauromaquia.
“La México reitera que continuará combatiendo las resoluciones que han restringido la celebración de los festejos taurinos y no descansará hasta lograr un resultado favorable”, agregó La Plaza México.
Cuando el Juez emitió la suspensión, se aclaró que el recinto podrá celebrar eventos no taurinos, pues “no son materia del juicio de amparo”.
En diciembre del 2021, la Comisión de Bienestar Animal del Congreso capitalino aprobó un proyecto de decreto con el que, de ser aprobado, se prohibirían las corridas de toros. La iniciativa tenía por objetivo “prohibir la celebración de espectáculos, en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros”.
El dictamen establecía también que la Constitución Política de Ciudad de México reconoce la protección a los animales “como seres sintientes” y, por lo tanto, deben recibir un trato digno y respetuoso. Sin embargo, desde que el documento se aprobó la presión del lobby taurino impidió su avance al pleno.
De hecho, a finales del año pasado, la Comisión de Bienestar Animal echó para atrás la aprobación previa del dictamen hasta que se reponga el proceso de votación y evitar incertidumbres que habían saltado en la primera aprobación.
