Columna Agenda Abierta
Mucho se habla de cómo el calentamiento global ha intensificado los contrastantes cambios en el clima de nuestro planeta. Veranos más calurosos, lluvias torrenciales y prolongadas sequías son tan solo algunas de las principales manifestaciones de este fenómeno.
La principal causa de este problema se ha identificado en el incremento de las emisiones de dióxido de carbono, las cuales, al llegar a las 36 mil 600 millones de toneladas liberadas a la atmósfera a nivel global en el último año, alcanzaron un nuevo récord histórico.
Ante este hecho y en el marco de la COP (Conferencia de las Partes), en días pasados se reunieron en Egipto representantes de 197 países para discutir propuestas de política pública y alcanzar compromisos para combatir el cambio climático.
En este sentido, México presentó una serie de compromisos que es importante revisar a la luz de las capacidades de cumplimiento y la sensata evaluación de los alcances de nuestras posibles acciones durante los próximos 15 años.
En primer lugar, el gobierno mexicano anunció el incremento de la meta de reducción de emisiones de 22% a 35% para 2030, lo que implica un añadido de 5 puntos porcentuales a lo anunciado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el pasado 8 de noviembre, cuando se estipulaba un objetivo de 30%.
Cabe recordar que dicha meta planteada por la Semarnat fue cuestionada por diversos especialistas, en virtud de que el eje conductor de la propuesta se ubicó en el polémico programa “Sembrando Vida”, el cual contará con un presupuesto de 37 mil 137 millones de pesos en 2023, con la expectativa de lograr una mitigación anual de 4 millones de toneladas de dióxido de carbono (MtCO2) a través de la siembra de 100 millones de árboles.
El punto debatido de este programa insignia de la actual administración, se encuentra en la ausencia tanto de sistemas de monitoreo y geo-referencia como de mecanismos de seguimiento, evaluación y reporte de captura de carbono, los cuales resultan indispensables para poder evaluar la efectividad de la estrategia.
Aunado a esto último, la credibilidad de esta medida gubernamental se vio todavía más afectada después de que durante el primer año del programa tan solo sobrevivieran el 7% de los árboles plantados.
Pese a ello, el gobierno mexicano no solo incrementó la meta basada en este problemático eje conductor, sino que además incluyó una propuesta de transporte con bajas emisiones de carbono, retomando el Pacto de Glasgow por la electromovilidad en el cual contempla evitar la emisión anual de 30 MtCO2.
En este rubro, la expectativa mexicana se antoja imposible de cumplir, en tanto establece que para el 2030 el 50% de los vehículos vendidos en el país sean cero emisiones, es decir eléctricos.
Pues para lograr semejante objetivo se tendrían que vender al menos 600 mil vehículos eléctricos durante los próximos 7 años, una cifra difícil de alcanzar, especialmente si tomamos en cuenta la ausencia de incentivos tanto para los armadores como para los consumidores, y que se ve aún más lejana sin consideramos la falta de la infraestructura urbana necesaria.
Para respaldar al punto anterior, podemos recurrir a los registros de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en donde se observa que apenas en 2021 únicamente se vendieron 47,079 vehículos ligeros híbridos y eléctricos en todo el territorio nacional.
De manera adicional, es muy importante destacar una consideración planteada por parte del IMCO (Instituto Mexicano de Competitividad), la cual advierte de las implicaciones ambientales negativas derivadas de la generación de energía eléctrica para este tipo de automóviles a partir de combustibles fósiles.
Esto nos deja ver que una política adecuada necesariamente tendría que contemplar la transición de la matriz energética del país a energías renovables, de manera que se pudiera evitar trasladar el punto de emisiones del vehículo a la planta de generación de energía eléctrica. Se trata de un aspecto que el mismo IMCO subraya.
En síntesis, podemos decir que es relevante que nuestro país adopte como suyos los compromisos adquiridos por sus similares para reducir el daño al medio ambiente, mediante la implementación de mecanismos que logren aprovechar el financiamiento internacional para transitar del uso de carbono a las energías limpias y renovables.
Un cambio particularmente relevante en el caso de Sonora, en donde se podría materializar en la promoción de la construcción de la “carretera” que permita transportar la eventual cantidad de energía renovable producida en esta región hacia espacios como Baja California y Baja California Sur, o incluso abordando el mercado de exportación de los estados norteamericanos de Arizona y California.
Asimismo, se deben de implementar mecanismos fiscales que incentiven la compra de vehículos eléctricos, como ya ocurre en el caso de los Estados Unidos gracias a la existencia de un plan “Acelerador de transición energética”.
En estos términos es que el compromiso fue presentado y firmado por México. Recordemos, sin embargo, que aunque prometer no empobrece, cumplir es lo que se demanda.
Por Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna
