Columna Y sin embargo
A fines de la década de 1970, cuando estudié Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM, los profesores nos enseñaban que había una clara contradicción entre el órden jurídico que estipulaba la Constitución y el régimen político real que se observaba en el ejercicio del poder. Así sabíamos, a través de González Casanova, Jorge Carpizo y Granados Chapa, que en México no había equilibrio de poderes ni contrapesos, sino más bien un acendrado presidencialismo; que no era realmente un Estado federal, sino más bien centralizado. Octavio Rodríguez Araujo enseñaba que no había elecciones libres, sino elecciones controladas por el partido de Estado.
El México real y el aspiracional
Vivíamos en un México dual: uno ficticio, imaginario y aspiracional plasmado en las leyes, y el otro real y descarnado contra el que había que luchar para que avanzara y se acercara al México prefigurado en la Constitución.
La ruta de desarrollo político estaba claramente trazada hacia una auténtica división de poderes, hacia un estado federal real y había que fortalecer al municipio. Había que quitarle al gobierno el control de las elecciones y crear órganos autónomos que organizaran las elecciones, vigilaran los derechos humanos y el acceso a la información, entre otros espacios de autonomía.
Ese viejo régimen presidencialista y centralista, que González Casanova tipificó como “monarquía sexenal hereditaria”, hizo crisis en las elecciones de 1976 cuando no hubo competencia de partidos y López Portillo fue el candidato único.
A partir de entonces el régimen comenzó a cambiar poco a poco, con base en el modelo establecido. Primero fue la reforma política de Reyes Heroles y el pluralismo político; con la representación proporcional se avanzó poco a poco en un poder legislativo plural. En los noventa nació el Instituto Federal Electoral y una reforma dio mayor autonomía al poder judicial. Con base en el pluralismo político, se fortaleció también a las entidades federativas. En el año 2000, la transición democrática pareció culminar con la llegada a la presidencia, por primera vez en setenta años, de un partido político diferente del partido de Estado.
La nueva agenda pendiente
Sin embargo, queda pendiente el combate y la erradicación de la pobreza. Los programas de Solidaridad y Oportunidades no disminuyeron la pobreza. Tampoco la van a disminuir los actuales programas de Bienestar; tal vez incluso la aumentan.
Pero, además, han aparecido nuevos monstruos contra los que hay que luchar: la corrupción y el crimen organizado. La estrategia de AMLO contra la corrupción se ha centrado en su propia persona y no en instituciones transexenales. La estrategia contra el crimen organizado ha sido la tolerancia y la militarización.
En la práctica se ha minado la división de poderes, los contrapesos al ejecutivo. Sus partidarios lo justifican con base en la confianza que tienen en la persona del presidente; pero no es eterno y debieran de imaginar el mismo esquema de poder en manos de sus propios contrincantes.
Parece que muchos de los cambios buscan restaurar el viejo régimen. Ahora, en Sonora, incluso se quiere alinear la elección de los gobernadores para que coincida con la del presidente. Si el problema es que no haya gobiernos locales de oposición, habrá que eliminar entonces también las elecciones libres y de una vez también el federalismo. ¿Por qué no impulsar abiertamente el centralismo, la unificación del poder en el presidente y que este nombre a su sucesor? ¿Es este nuestro nuevo modelo de régimen político?
Por Nicolás Pineda
