El Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, ratificó la suspensión definitiva contra la continuación en las obras de construcción del tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo.
En su resolución, el juez ordenó mantener “la suspensión definitiva de los actos reclamados atribuidos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Fonatur Tren Maya”.
Y aunque modificó la suspensión definitiva que concedió en mayo, el juez no publicó los cambios que hizo. Asimismo, fijó audiencia para el próximo 1 de agosto, en donde, ya con un informe detallado de las autoridades responsables, podrá verificar el estado que aguarda la suspensión definitiva que concedió el pasado 30 de mayo.
La suspensión definitiva que se mantiene vigente la concedió el juez Novelo a un grupo de buzos que presentó una demanda alegando que las obras del Tren Maya, en el tramo 5, provocarán un daño irreversible en el complejo sistema de cavernas, cenotes y ríos subterráneos de la zona.
La suspensión definitiva ordena al gobierno federal que “suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo cinco sur del Proyecto Tren Maya-con trazo de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo-, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material”.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó el pasado 19 de julio que optó por declarar de seguridad nacional las obras del Tren Maya, ya que “el tiempo que llevaba parada (la obra de construcción) nos estaba significando un alto costo al presupuesto”. El mandatario federal estimó que pese a los atrasos el tren estará en funcionamiento en 2023 como lo prometió.
Este lunes 25 de julio, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador afirmó que los amparos promovidos por organizaciones ambientalistas son financiados por el gobierno de Estados Unidos, y por eso ordenó la declaratoria de seguridad nacional.
“Se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional por muchas razones: porque está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero de la hacienda pública, dinero del pueblo, porque es una obra prioritaria”, resaltó.
Información de El Economista
