Hermosillo, Sonora.- Personas de Hermosillo que fueron desalojadas de casas invadidas acuden ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (SPTJE) de Sonora para que recibir apoyo y cooperación ante su derecho de tener un lugar donde vivir.
Mediante una manifestación pacífica por fuera de las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Sonora, algunos hermosillenses solicitaron la intervención de autoridades estatales para garantizar una defensa jurídica por irrumpir en un lugar deshabitado.
De acuerdo al vocero de los manifestantes, César del Pardo, defensor social de los derechos humanos, en el STJE de Sonora hay 22 mil demandas por juicios hipotecarios, y los casos más importantes de desalojos están en Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado y Hermosillo.
“El STJE de Sonora está cometiendo una ilegalidad con los desalojos, porque el gobierno mexicano hizo un convenio con la ONU (Organización de las Naciones Unidas) bajo un esquema de cooperación, derechos humanos, vivienda, salud y más, en donde estipulan que ninguna persona puede ser desalojada si el Estado no les garantiza un lugar donde vivir”, señaló.
El representante de los manifestantes enfatizó que el acuerdo del gobierno federal con la ONU está por encima de las leyes locales, por lo que la falta de acciones del STJE es una violación a las garantías de los afectados.
Del Pardo indicó que la solicitud para el gobernador Alfonso Durazo es que promueva la generación de una ‘Fiscalía’ o ‘Procuraduría’ de vivienda en el Estado.
Miryam Cabrera, hermosillense que habita una casa en el norte de la ciudad capital, reiteró la petición al gobernador de Sonora para que intervenga.
“No puede ser posible que sean violadas nuestras garantías, nosotros también tenemos derechos y son muchas familias que necesitan de una vivienda digna, como el artículo 4 dice: ‘Todos tenemos derecho a vivir, padre, madre e hijos’ y el gobierno tiene la obligación de facilitarnos un lugar donde habitar”, mencionó.
Al igual que Miryam, cerca de 15 personas se presentaron este viernes 17 de junio en el recinto del Poder Judicial de Sonora con la esperanza de llegar a una solución expedita, pues algunos de ellos tienen amenazas de desalojo para dentro de 10 días.
