Por primera vez en siete años, un tribunal salvadoreño condenó a una mujer por sufrir una emergencia obstétrica. En El Salvador, es habitual que las mujeres que sufren complicaciones en su embarazo sean acusadas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias en el país, y sean procesadas bajo el cargo de homicidio agravado.
En octubre de 2019, ‘Esme’, embarazada y sola en su casa en el campo salvadoreño, sufrió una emergencia obstétrica y su bebé falleció. La mujer de 28 años buscó asistencia en un hospital público, pero en vez de recibir ayuda, fue denunciada y detenida.
Este lunes 9 de mayo en El Salvador, un juez la condenó a 30 años de cárcel por homicidio agravado. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ya manifestó en un comunicado que apelará la decisión.
Morena Herrera, presidenta de la organización, habló con la agencia de noticias France 24 y denunció la decisión de la justicia: “Fue un duro golpe. Primero para ella y su familia, luego para nuestra lucha. Estamos trabajando con la perspectiva de que El Salvador cierre esa etapa de criminalizar a las mujeres en emergencia obstétrica, pero con esa sentencia, se marca un retroceso”, dijo.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, señaló este miércoles que la sentencia de 30 años de cárcel “es una farsa de justicia. Sufrir una emergencia obstétrica es devastador para cualquier persona y el rol del Estado cuando esto ocurre debe ser brindar acompañamiento y contención para aliviar este sufrimiento, no agravarlo al criminalizar a las mujeres”.
Un proceso judicial marcado por “estigmas y estereotipos de género”
La joven, identificada con el seudónimo ‘Esme’ para proteger su identidad, lleva dos años en prisión preventiva, separada de su hija de siete años, así como de sus padres mayores que ella cuidaba. Aseguró que continuará luchando por su hija y su familia: “Gracias por apoyarme en esta injusticia que estoy viviendo”, compartió a través de la agrupación.
Su abogada, Karla Vaquerano, sostuvo que el juez que dictaminó la sentencia actuó con parcialidad, privilegiando la versión ofrecida por la Fiscalía General de la República, cargada, según ella, de estigmas y estereotipos de género.
“En El Salvador, los fiscales buscan resolver casos rápidamente (…) y no les importa llevarse de paso la vida de las mujeres”, expresó Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto
Por su parte, Herrera culpa a una justicia deficiente: “En el sistema judicial de El Salvador existe mucha impunidad y también una mora judicial muy alta. Por lo que los fiscales buscan resolver casos rápidamente, y éstas son condenas fáciles. No les importa llevarse la vida de las mujeres de paso”.
La criminalización sistemática de las mujeres que sufren abortos involuntarios
La nación centroamericana cuenta con una de las legislaciones más duras del mundo sobre el aborto. Desde 1998, una ley draconiana prohíbe interrumpir el embarazo en todas las circunstancias, incluso en caso de violación o de peligro para la salud de la madre o del feto. Interrumpir un embarazo puede suponer para la mujer salvadoreña una condena de hasta ocho años de prisión.
Pero lo que denuncia la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, y lo que el caso de ‘Esme’ vuelve a poner en el punto de mira, es la criminalización de las mujeres que han sufrido una emergencia obstétrica.
Cabe mencionar que un embarazo puede presentar complicaciones en cualquier etapa de su desarrollo, y que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2015, murieron 830 mujeres al día por esta causa.
Sin embargo, cuando las mujeres salvadoreñas pasan por esta experiencia y tratan de buscar ayuda médica, pueden ser arrestadas bajo la sospecha de que hayan intentado abortar. Los jueces “empiezan por acusarlas de aborto y luego las acusan de homicidio agravado, por el vínculo materno, cuya pena de prisión oscila entre 30 y 50 años”, explica Morena Herrera.
En las últimas dos décadas, alrededor de 181 mujeres que experimentaron emergencias obstétricas “fueron procesadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador”, según cifras de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Por encarcelar a mujeres que sufrieron abortos espontáneos, el Estado salvadoreño acumula procesos y condenas, incluso a nivel internacional. El 30 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al país por violar varios derechos de una mujer identificada como ‘Manuela’.
La salvadoreña murió purgando una condena de 30 años por un parto extrahospitalario, tipificado como homicidio agravado. ‘Manuela’, analfabeta y de escasos recursos, sufría un cáncer linfático no diagnosticado. Se cree que la enfermedad le provocó una emergencia obstétrica y, el 26 de febrero de 2008, en una letrina, expulsó el feto y se desmayó.
En ese momento, la CorteIDH señaló que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden generar automáticamente una sanción penal.
Falta de formación del personal médico e incumplimiento del secreto médico
En una entrevista con France 24, la directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, Catalina Martínez, enciende las alarmas: “Con el caso de ‘Esme’, El Salvador está incumpliendo la sentencia de la CorteIDH”.
Catalina Martínez recuerda también que esa sentencia para el caso de ‘Manuela’ había subrayado en su momento una falta de capacitación del personal médico para identificar y atender una emergencia obstétrica.
Por otro lado, la sentencia destacaba “la grave violación del secreto médico en estos casos. La relación paciente/médico debe ser confidencial y el deber médico ha de prevalecer sobre el deber de denuncia. Las mujeres deben poder ir al hospital sin miedo a ser criminalizadas. El papel de los médicos no es el de un fiscal”, insiste Catalina Martínez.
Pero lo que el caso de ‘Esme’ también refleja es la discriminación agravada hacia las mujeres que viven en condiciones de pobreza, “sobre todo por la falta de acceso a los servicios de salud, pero también por la estigmatización de ser campesinas”.
Una conclusión que comparte Catalina Martínez, desde el Centro de Derechos Reproductivos: “En toda América Latina y el Caribe, las mujeres más vulnerables son las que viven en zonas donde el Estado está menos presente, donde existe menos acceso a la información sobre la salud reproductiva. Aquí no es sólo una cuestión de derechos de la mujer, sino de justicia social”.
“Necesitamos que cambie la ley. Sabemos que es una lucha de largo aliento, y que existen voluntades poderosas que tratan que convertir a El Salvador en un referente moral que mantiene a las mujeres en un lugar de subordinación, de opresión. Sin embargo, no vamos a parar hasta que todas sean liberadas”, sentencia Morena Herrera.
Con información de France 24, EFE, Reuters y medios locales
