Columna Agenda Abierta
En días pasados el ejecutivo federal presentó, acompañado de algunos líderes de cámara empresariales, empresarios y directivos de empresas, así como de algunos miembros de su gabinete, el Paquete contra la Inflación y la Carestía, denominado PACIC, que incluye una serie de elementos, ninguno de ellos innovador, para atender el crecimiento sostenido y acelerado de los precios en bienes y servicios de consumo popular.
La noticia destacada, entre otras, es que no fue presentado, al menos explicitamente, un mecanismo que observara un control de precios o sanciones al incremento de los mismos.
También fue evidente el extremo cuidado que se tuvo de no referir a este Paquete como Pacto o Alianza, o al mecanismo como de Solidaridad, o el enfoque como Económico, para no hacer, precisamente, la referencia del Pacto de Solidaridad Económica (PSE) firmado por Miguel de la Madrid y Agustín Legorreta, representante del sector productivo, en diciembre de 1987 y continuado por Carlos Salinas de Gortari como Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), el cual fue un mecanismo exitoso en la contención y reducción de la inflación, así como en el impulso de un crecimiento económico moderado.
El PACIC observa en términos generales 3 componentes estratégicos: Producción, Distribución y Comercio Exterior, así como otras medidas. En la primera señalan como objetivo la estabilización del precio de la gasolina y el diesel, así como precios de referencia del gas LP y la electricidad. Este planteamiento es insuficiente porque propone mantener la actual política de subsidios a las gasolinas y al diesel, sin embargo, no obstante el alto costo de la medida, ésta no ha evitado que las gasolinas figuren este año entre los productos con mayores incrementos en el país. De acuerdo a datos del INEGI, de enero a la primera quincena de abril, la gasolina premium acumula un aumento de 4.4%, mientras que la gasolina regular ha subido 5.6%, solo en 4 meses y medio.
En esta misma Estrategía de Producción se incluye el “Aumento en la producción de granos”, lo cual se estima insuficiente, en virtud de que, aún cuando propone extender el Programa de Fertilizantes para el Bienestar de 5 a 9 estados, ha quedado evidenciado el fracaso de la política agropecuaria del actual Gobierno, pues la superficie cosechada de productos agrícolas ha caído casi un 20% en lo que va de la actual administración, según datos del propio Gobierno. De manera adicional. Se refiere la participación del Programa “Sembrando Vida” que en su desarrollo ha ofrecido una serie de resultados dudosos.
También se plantea la eliminación de la cuota compensatoria del sulfato de amonio por un año, cuando debiera ser permanente y se mantiene prohibida la importanción de agroquímicos indispensables para el cultivo y del Glisofato, uno de los herbicidas más populares del mundo.
En la Estrategía de Distribución se decreta la reducción en costo y tiempo de despacho aduanal en intalaciones fronterizas, marítimas o interiores, nada nuevo considerando que ese fue el objetivo planteado durante la presentación el nuevo esquema de administración aduanera.
En la Estrategia de Comercio Exterior se establece Aranceles cero a la importación de 21 a 24 productos de la canasta básica y de 5 insumos estratégicos por seis meses, cuando lo recomendable sería que el Gobierno suspendiera por dos años todas las barreras arancelarias y no arancelarias a la importación de todos los productos alimenticios donde México no es autosuficiente en su producción, a fin de garantizar una mayor oferta de estos y, por lo tanto, aminorar o neutralizar posibles aumentos de precios en ellos.
Lo han señalado diversos analistas, el paquete se “queda corto” porque los 24 productos incorporados en el PACIC apenas representan el 13% de los artículos que componen el Índice Nacional del Precios al Consumidor (INCP), instrumento que contribuye al ejercicio de estimación mensual de la inflación en nuestro país. Por lo tanto, el 87% de los productos restantes seguirán sin ningún tipo de incentivo o política para evitar el aumento de sus precios al consumidor.
Por otro lado, será insuficiente para detener la pobreza alimentaria en el país, ya que de acuerdo con los datos del Coneval, la canasta alimentaria básica incluye más de 40 productos, muchos de los cuales no están en la lista que se dio a conocer oficialmente.
Debemos desarrollar acciones que no solo atiendan los impactos de los efectos, sino que atiendan las causas que motivan los efectos locales inflacionarios. La invación rusa a Ucrania contribuye a efectos globales en los combustibles, en los granos y las oleaginosas. Sus efectos continuarán y afectarán de acuerdo con la estructura productiva nacional.
Por ello, es fundamental reconstruir y reforzar la política de subsidios y apoyos al campo mexicano: Incentivando la productividad y la tecnificación, redireccionando recursos del presupuesto federal destinado hoy a proyectos estratégicos (Tren Maya, Refinería, Istmo) y reasignándolos al campo.
Se debe garantizar la entrega de fertilizantes de bajo costo a todos los productores, subsidiar más el diesel a agricultores y pescadores y otorgar mayor seguridad en áreas agrícolas y rurales, para evitar el robo de productos y el cobro de extorsiones por parte del crimen organizado.
Finalmente, se debe considerar por las experiencias vividas en el pasado, el reforzamiento de las acciones de supervisión de Profeco para detectar y sancionar a las industrias o comercios que especulen, acaparen o realicen prácticas contra la libre competencia, con la intensión de influir en los precios o que ocasionen carestía en los productos.
Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna
