Por Karol García
El Senado de Estados Unidos condenó, de forma unánime, las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia energética en contra de empresas estadounidenses, lo que abre la puerta a acciones legislativas en Estados Unidos en contra de México y aumenta la presión en la administración del presidente Joe Biden para tomar acciones más allá de las diplomáticas.
Es la primera vez que se usa una moción para instruir. Lo que significa es que los congresistas están atando otras prioridades legislativas, como medidas de apoyo a la cadena de proveeduría de semiconductores, a la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos inicie consultas bajo el T-MEC contra México por discriminación en espacio energético.
Si bien ha habido amplios pronunciamientos bipartidistas en ambas cámaras, es la primera vez que el tema entra como parte de la propia estrategia legislativa.
La moción de instruir fue introducida por el senador Bill Cassidy, quien solicitó que en el reporte final se incluya la provisión que requiere al presidente Biden a tratar directamente los preocupantes desarrollos en el sector energético de México que intencionalmente causan daños a los empleos e intereses económicos estadounidenses, así como a los intereses de los negocios e inversionistas y metas climáticas a través del uso de las consultas establecidas en el USMCA.
“Señor presidente, la importancia de los acuerdos comerciales es que todos sigan las reglas acordadas. México no está siguiendo el T-MEC. Han forzado el cierre o clausura parcial de decenas de instalaciones de combustibles y cancelado permisos para la importación y exportación de combustibles”, expuso Cassidy. “Están favoreciendo a su industria nacional, Pemex, y perjudicando a las empresas estadounidenses, incluidas las empresas que construyen proyectos renovables. Estas acciones enfrían la inversión extranjera directa en México, perjudican a las empresas estadounidenses y socavan los objetivos climáticos. Pero México sigue beneficiándose del resto del T-MEC”, desarrolló.
Entre los detalles de la comunicación sobre este asunto, recordaron que en su afán por favorecer a Pemex y la CFE, ha clausurado terminales de combustible, cancelado permisos de importación de hidrocarburos, rechazado autorizaciones de operación e interconexión, y muchas maniobras más. La ilegalidad de estas acciones y su impacto negativo en las obligaciones climáticas del país y en los consumidores mexicanos tampoco ha importado.
“Que nadie tenga duda de que el asunto va escalando”, explicaron. “Al inicio fueron cartas y llamadas. Esta semana se aprobó en el Senado, de forma unánime, anexar a un importante paquete legislativo, como es el United States Innovation and Competition Act (USICA)/Competes Act, donde se exhorta a la administración de Biden que trate estos temas al más alto nivel con mayor dureza”, refirieron.
Iría anexo a la iniciativa HR4521, clave porque contiene medidas de apoyo al desarrollo de la cadena de proveeduría de semiconductores ante la competencia china. La moción de instrucción es una legislación no vinculante, pero envía una fuerte señal a los conferenciantes (miembros específicos seleccionados por los líderes de la Cámara y el Senado) que trabajan para negociar el texto legislativo final del proyecto de ley USICA/America Competes, que abordará la escasez en la cadena de suministro de semiconductores y los problemas de competencia de Estados Unidos con China.
La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron diferentes versiones del proyecto de ley y ahora el comité reconciliará las diferencias.
Así, el Senado votó de forma unánime sobre el MTI para instar al comité de la conferencia a incluir un nuevo lenguaje de proyecto de ley para exigir que la administración de Biden inicie consultas urgentes para la aplicación de las disposiciones comerciales de energía del T-MEC debido a los desarrollos preocupantes en el sector energético de México.
Esta es una referencia específica al cierre ilegal de terminales de combustible de propiedad estadounidense, contratos cancelados con productores de energía independientes y el cierre de la inversión en energía renovable en el esfuerzo coordinado de AMLO para apoyar las preferencias energéticas estatales.
Con información de El Economista
