“Que Sonora sea de todos y no de unos cuantos”. Eso decía con frecuencia en campaña Alfonso Durazo.
Durazo empezó a tomar decisiones sobre Sonora desde que fue nombrado secretario de Seguridad Ciudadana federal, con la complacencia de la gobernadora Claudia Pavlovich y los alcaldes. Empezó por designar responsables de Seguridad Pública en los principales municipios del estado, bajo la óptica de militarizar la seguridad y combatir al hampa desde el inicio del gobierno de López Obrador.
En estos cuatro años sin embargo, son más los problemas que las soluciones en el tema de la seguridad en Sonora: Cajeme es el segundo municipio más peligroso de México y la cuarta ciudad (Cd. Obregón) más peligrosa del mundo; la violencia recurrente en Caborca, Guaymas, Empalme, San Luis Río Colorado y otros municipios, son noticia diaria con hechos violentos que mantienen atemorizada a la población ante el problema número uno que Sonora enfrenta ahora y del que no se le puede echar la culpa al pasado como en otros.
No hay soluciones mágicas ni fáciles para los problemas de la inseguridad, pero algo tiene que hacerse.
La administración saliente le dio al gobernador electo, los diagnósticos sobre la problemática estatal y a partir de allí se empezaron a conocer sus posturas. Alfonso Durazo se quejó de que no le habían dejado ni para pagar las quincenas al inicio de su gobierno; fueron tres meses de críticas radicales hacia el gobierno saliente y después…la calma.
El nombramiento de la exgobernadora como cónsul en Barcelona, por sugerencia del propio presidente de la República —avalando y destacando su colaboración con la llamada 4T—, vino a neutralizar las posturas críticas del gobierno entrante sobre el saliente, y nada se ha sabido más allá de las quejas de origen y las anunciadas 172 auditorías en proceso. Dice Jorge Zepeda en referencia a Quirino Ordaz y Claudia Pavlovich: “optaron por negociar y pavimentar el camino de la alternancia en su entidad y con eso no solo blindaron a su gestión de toda sospecha sino también algunos de ellos resultaron recompensados con una representación en el servicio exterior”
En los últimos tres años de gobierno de Claudia Pavlovich el presidente visitó Sonora en once ocasiones. Mientras que en el pasado, las visitas presidenciales a Sonora, siempre eran motivo de algarabía y esperanza, y numerosos grupos las aprovechaban para atender problemas o desatorar soluciones directamente con el Presidente, del 2018 en adelante no se ha visto ni una ni otra cosa; el presidente visita Sonora con su propia agenda para atender a sus propias clientelas. Ni estudiantes ni empresarios ni rectores de instituciones educativas, ni núcleos campesinos u obreros ni los alcaldes han estado en su agenda para establecer diálogos.
La exgobernadora se sujetaba a las agendas de México y nunca promovió un diálogo del presidente con los actores sonorenses. Alfonso Durazo ha hecho lo mismo en los seis meses que ya lleva de gobierno. ¿Acaso no ha habido problemas graves de Sonora que ameriten la injerencia presidencial en sus visitas a la entidad?
El problema Yaqui empezó a abordarse por el gobierno federal desde que inició el sexenio de López Obrador y gradualmente se fue aislando al gobierno estatal. Incluso se llegó a excluir — a la gobernadora— de algunas de las reuniones con el presidente. Los Yaquis le tomaron la medida a los gobiernos y hasta hora no han dejado las medidas de presión acostumbradas en los últimos años. A pesar de los anunciados avances en el Plan de Justicia Yaqui siguen apostados en la carretera internacional cobrando cuotas, y no hay nadie que responda por ello.
El Plan de Justicia para Cananea también se anuncia como un logro en estos seis meses. El plan, (que ha avanzado en las pensiones para mineros retirados y el sistema de agua) se adereza con el asunto pendiente de los mineros que le exigen 55 millones de dólares a Napoleón Gómez Urrutia, aliado de la 4T; un asunto que va para 33 años y siguen las presiones El dirigente minero seguirá arropado por la 4T, sin duda.
En estos seis meses ha quedado claro que Durazo se siente muy bien gobernando con la cómoda mayoría que tiene Morena en el Congreso local (con números favorables de 22 a 11) en alianza con el Partido Verde, el Panal, el PT y Encuentro Solidario. Del PRI, PAN y PRD el gobernador no quiere saber nada, al parecer o quizá no los haga en este mundo.
No se ha sabido por ejemplo que Gildardo Real, el nuevo dirigente estatal del PAN elegido el pasado diciembre, se haya reunido con el gobernador. Tampoco se ha sabido de reuniones con el PRD y mucho menos con el PRI y sus representantes. ¿Irá a repetirse en Sonora la estrategia presidencial de no dialogar con las oposiciones? Sería lamentable que aquí también se pretenda tratar los asuntos del interés general con un solo enfoque, una sola visión y sin escuchar ideas y planteamientos diferentes.
En la colonización administrativa se ha querido comparar al gobierno de Guillermo Padres con el actual; pero hay diferencias. El PAN gradualmente formó cuadros en los municipios y el Congreso desde que empezó a ganar en Sonora en 1967, y hasta antes de llegar al poder estatal en el 2009. La colonización administrativa se hizo básicamente con panistas de todos los niveles —no necesariamente con los más capaces — y esa mescolanza de la diversidad panista, combinada con otros actores, influyó en la falta de mística y principios, y que el experimento panista en Sonora solo durara seis años por los escándalos de corrupción e ineficiencia que todavía se resienten.
Ahora No. Durazo —ante lo nuevo de Morena en el escenario político y la escasez de cuadros— tejió alianzas con panistas, perredistas, naranjas, panalistas y verde-ecologistas, y en la colonización administrativa ha habido de todo, incluida la importación de servidores públicos, en algunos casos alterando las terminales de la administración estatal en los municipios con personajes impresentables, desde el punto de vista político y moral. Todo ello en detrimento de la calidad de los servicios del gobierno. ¿Cómo pueden garantizar lealtad y cohesión de equipo la multitud de tránsfugas de otros partidos, que ni tardos ni perezosos ocuparon numerosos puestos de la llamada 4T sonorense? ¿En qué creen? ¿qué ideas profesan? Muchos de ellos van de la difusión de ideas de la “cienciología” de L. Ronald Hubbard o de César Lozano a los manuales modernos de autoayuda y, desde luego, a las redes sociales.
Lo mismo que se hizo en el pasado se hace ahora, pero de forma abierta. “Antes como antes y ahora como antes”, sigue existiendo la consabida línea sobre los inscritos para cargos en órganos autónomos hacia un Congreso local que solo vota lo que le mandan y no decide, pero dijeron que serían diferentes!
Algunos empresarios de buen nivel no saben todavía quién es el secretario de Economía del nuevo gobierno. No se ha sabido que el mencionado haya ejercido la facultad de interlocución con el Ejecutivo ni se le ha visto en reuniones con los empresarios para analizar las agendas de ese sector.
Algo que se creía desterrado y combatido en Sonora, el gobierno-familia, reapareció de manera estelar con el arribo de los gobiernos de Morena. En municipios, el Estado y en entidades autónomas la contratación de familiares cercanos es moneda de curso común en municipios. El colmo ha sido Cajeme, donde el alcalde tiene a la mayoría de sus parientes en nómina municipal, estatal y federal. ¿Para eso lucharon? ¿Para eso se rasgaron las vestiduras durante años? ¿No contradice el gobierno de familias al “Sonora para todos y no de unos cuantos”?
Los gobiernos municipales de Morena, en plena crisis de operación y funcionamiento, están pagando los costos de un reclutamiento desaseado y de reparto político que mucho ha afectado la calidad de los servicios. Muchas complicaciones y complejidades. El caso de Empalme —que no es el único— ha sido hasta ahora la máxima revelación de relaciones peligrosas a la hora de integrar ayuntamientos y no tener cuidado en la selección de candidatos al costo de lo que fuera y con quien fuera.
Seis meses representa un tramo corto para juzgar una obra de gobierno, sobre todo cuando existen pendientes importantes, por ejemplo: Que empiecen a fluir los recursos federales para iniciar las mega obras anunciadas por Durazo en estos meses. ¿Qué va a pasar con el fracaso del INSABI y su impacto en los sistemas de salud en la entidad? ¿Sonora tendrá un proyecto educativo propio o se sujetará a los vaivenes de la federación? ¿Qué pasará con los recursos para apoyar a los municipios, que por ahora sobreviven a duras penas? ¿Para cuándo la anunciada reforma del Isssteson? ¿Se mantendrá la evolución del empleo favorecida por el rebote económico del 2021 en la mayoría de los estados? ¿Habrá una verdadera reforma de las estructuras de gobierno o seguirán con las mismas del condenado pasado de los últimos 30 años?
Apenas van seis meses y Durazo deberá acelerar el ritmo, porque en Morena ya están desatados por la sucesión presidencial acelerada por el propio presidente, y eso, alterará los tiempos…Y los recursos.
Por Bulmaro Pacheco
bulmarop@gmail.com
