Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 16 de marzo se abrió una ventanilla para indemnizar alrededor de 50 exconcesionarios del transporte público de Hermosillo, que aceptaron el pago de 500 mil pesos por su permiso requisado, informó Álvaro Bracamonte Sierra.
El secretario de gobierno, explicó que a la fecha hay 335 concesiones requisadas, las cuales corresponden a 230 exconcesionarios del transporte público de Hermosillo.
“Como lo ha dicho el gobernador, tenemos la prioridad de apoyar a los concesionarios que vivieron de esa concesión, la distribución de esas 335 concesiones queda así: son 159 personas que tienen 1 concesión, 42 tienen dos, 27 tienen tres, 1 persona, que es una empresa, tiene 29 concesiones, en total son 335 concesiones. La prioridad, que ha sido una indicación del gobernador, es apoyar a todas aquellas personas que tienen una concesión”, detalló el funcionario estatal.
En enero pasado, Alfonso Durazo informó que el gobierno de Sonora ofreció 500 mil pesos a cada exconcesionario del transporte, para liquidar de manera definitiva el adeudo que pasadas administraciones tienen con ellos por prestar el servicio.
Al respecto, el gobernador de Sonora reiteró que se buscará una solución para las y los concesionarios que en su permiso tienen una fuente de empleo.
“No me gusta que la gente se vea en la necesidad de protestar y no me gusta pasar sin escuchar el planteamiento, con todos los riesgos, lo que plantea el grupo en conjunto, tendría un costo superior a 300 millones de pesos, el pago por concesiones, que en su momento consiguieron de manera directa o las compraron a un segundo o tercero que las consiguió mediante influencias.
Hay concesionarios que tienen 30 concesiones, me preocupa la parte de aquellos que eran concesionarios que tenían una concesión y tenían una fuente de empleo, vamos a aplicarnos a buscarles una solución, es un problema que viene del 2018, no me voy a lavar las manos, porque junto con la gubernatura me toca asumir la responsabilidad de enfrentar esos problemas”, aseguró el mandatario estatal