Luego de cinco años de investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que los sobornos por poco más de diez millones de dólares que la constructora Odebrecht pagó en México, fueron transferidos exclusivamente al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, través de empresas ligadas con su familia. Con ese dinero, entre otras cosas, se compró una casa en Ixtapa Zihuatanejo.
El documento completo de la acusación final de la FGR presentada ante un juez en contra de Lozoya, y del que Animal Político tiene una copia, advierte que gracias a estos sobornos Odebrecht se vio favorecida con la adjudicación del contrato para la realización de obras en la refinería de Tula.
Aunque Lozoya ha denunciado que él fue utilizado por el expresidente Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y que el dinero se usó para sobornar a legisladores y agilizar la reforma energética, en su acusación la FGR no presenta ni valida ninguna de estas hipótesis. Las 59 pruebas que presenta están enfocadas en confirmar que Lozoya y sus familiares fueron los reales beneficiarios de los sobornos.
De hecho, al considerar que Lozoya fue el beneficiario final de estos hechos, la FGR solicita en su contra una pena que supera los 46 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Además, considera que debe pagar una multa de 87 millones de pesos, un monto por reparación de daño de seis millones de dólares, y perder cualquier derecho sobre el departamento en Ixtapa.
Los fiscales además consideran que la madre de Lozoya, Gilda Susana Austin, debe ser condenada a pasar 23 años de prisión y pagar 262 mil pesos de multa.
En la acusación, la FGR propone al juez la presentación de 19 testigos de cara al juicio, entre ellas los de seis exdirectivos de la constructora Odebrecht, quienes confirmarán que fue el exdirector de Pemex el que solicitó y recibió el dinero de la constructora en múltiples pagos realizados ente 2012 y 2014.
La teoría del caso expuesta al juez por el fiscal Kristian Jiménez Hernández, responsable de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, señala que la constructora brasileña, a través de su brazo de sobornos conocido como “División de Operaciones Estructuradas”, le facilitó a Lozoya recursos millonarios a cambio de ganar influencia sobre él y que este, a su vez, operara para beneficiarlos con contratos.
La primera parte de los pagos fueron por monto de cuatro millones de dólares, y se comenzaron a transferir entre abril y junio de 2012, cuando aun se encontraba en curso la campaña presidencial de Peña Nieto. Aunque Lozoya sostuvo que el dinero sería para apoyar dicha campaña, pidió que los depósitos se le hicieran a empresas ligadas a el mismo.
Tras dar luz verde a la salida del dinero, Odebrecht comenzó la dispersión del recurso a través de una de sus empresas fachada denominada Innovation Research Engineering que, a su vez, lo envió a una compañía constituida en las Islas Vírgenes Británicas denominada Latin American Asia Capital Holding. Los beneficiarios de las cuentas de esta compañía, abiertas en un banco suiza, eran el propio Lozoya y su hermana Gilda Susana.
En noviembre, cuando aun faltaban por ser transferidos un millón 516 mil dólares de los cuatro pactados, se generó una alerta antilavado que bloqueó la cuenta de la empresa Latin American. Entonces Lozoya dio la instrucción para que las transferencias se hicieran a otra empresa constituida en el mismo paraíso fiscal, pero denominada Tochos Holding, donde también su hermana era la beneficiaria.
De acuerdo con la FGR, el que se siguieran haciendo los pagos aun cuando la elección presidencial ya había terminado, prueba que el dinero era para Lozoya. No obstante, los exfuncionarios de Odebrecht reconocen que siguieron enviando el dinero pues sabían, por dicho del propio Lozoya, que este ocuparía “un alto cargo en el gobierno”.
