Pierre Mailleky, haitiano de 39 años, su esposa y su hijo de 5 años fueron deportados el 3 de febrero de 2020. Llevaban en México desde julio de 2019, cuando llegaron procedentes de Chile. Tras varios meses encerrados en la estación migratoria Siglo XXI solicitaron asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), donde comenzaron su procedimiento para recibir protección. Sin haber concluido el proceso, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) los arrestaron y enviaron de vuelta a Haití. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en la que pide que se le reconozca como víctima y denuncia la expulsión.
“Quiero regresar para poder vivir tranquilo con mi familia”, dice Mailleky en entrevista telefónica. Tras su expulsión a Haití temió por su vida y se refugió en República Dominicana, donde espera que las autoridades mexicanas le permitan volver para retomar su proceso.
Animal Político quiso conocer la opinión del INM y saber si aceptará la recomendación, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
“El INM debe aceptar la recomendación, se debe investigar y buscar la reparación para la familia, que pueda ser reconocida como víctima. Con la reparación del daño significa que pueda regresar a México”, dice Brenda Ochoa, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, organización que ha acompañado la denuncia de la familia desde que fue expulsada.
De Chile a Tapachula
La historia de los Mailleky es similar a la de miles de compatriotas que en los últimos años cambiaron Chile y Brasil por México. Según explica, dejó su país en 2014 después de sufrir amenazas y hasta un intento de asesinato por parte de un grupo criminal. Llegaron a Chile, que había abierto las visas después del terremoto de 2010. Sin embargo, su situación siempre fue precaria. Así que en 2019 emprendieron el peligroso camino hacia el norte, atravesando la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. El 25 de julio de 2019 la familia llegó a México a través del río Suchiate, en Chiapas, y fue inmediatamente detenida. Permanecieron encerrados en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, hasta el 16 de agosto, cuando solicitaron asilo ante oficiales de la Comar, lo que les permitió abandonar el centro de detención. “En mi país no hay seguridad, no hay futuro”, explica. En aquel momento, cientos de personas procedentes de República Democrática del Congo, Camerún y Angola acampaban frente a Siglo XXI, exigiendo que las autoridades mexicanas les permitieran seguir su camino hacia el norte. No es el caso de la familia haitiana, que según explica el hombre, nunca quiso cruzar a Estados Unidos.
“Iba a firmar todas las semanas, me dieron mi cita para la entrevista, me cambiaron la fecha”, explica. Diariamente trabajaba en la plaza de Tapachula vendiendo chips de celular y cambiando el dinero a migrantes recién llegados. Además, rentaba su casa a quienes necesitaban de un lugar donde dormir tras el viaje. El 18 de enero, sin embargo, agentes del INM arrestaron a la familia y, a pesar de que tenían la documentación que probaba que eran solicitantes de asilo, los devolvieron a Haití el 3 de febrero. “Soy haitiano, pero cada vez que me hablan del país me asusto, porque sé lo que es”, dice.
Relata que nada más aterrizar tuvo que sufrir varias balaceras protagonizadas por bandas que controlan la capital, Puerto Príncipe. Asustado ante la posibilidad de sufrir un ataque, decidió marchar a República Dominicana. Su esposa, por el contrario, se quedó en Haití.
En su recomendación, la CNDH reconoce que el INM vulnera los derechos de Maillet y por obligar a firmar documentos en español sin un traductor y expulsarle sin tomar en cuenta que estaba dentro de un proceso de refugio. Además, denuncia que su hijo de 5 años fuese deportado, por ser contrario al interés superior del menor, y que toda la operación violó el principio de no devolución. Por ello, la institución que lidera Rosario Piedra Ibarra pide que se reconozca a la familia como víctima (lo que le debería permitir regresar a México para seguir su proceso) y se establezcan mecanismos de compensación. Hasta el momento, el INM no ha anunciado si acepta la recomendación.
Una oportunidad para regresar
“Primero tendrían que aceptar la recomendación, seguir las investigaciones y preguntar a la víctima qué es lo que solicita”, dice Brenda Ochoa, del centro de Derechos Humanos Fray Matías. En su opinión, se abre la vía para que la familia pueda solicitar su regreso a México para poder ser reconocidos como refugiados.
“Esto muestra que la situación no ha cambiado. Hace unas semanas fueron deportadas familias haitianas que también habían solicitado asilo en México. Se demuestra que no hay respeto al debido proceso”, dice la activista, en relación a los vuelos de deportación desde Tapachula que partieron en septiembre, tras la llegada de miles de haitianos a Ciudad Acuña, Coahuila, en la frontera con Estados Unidos.
Según la última actualización de Comar, en 2021 un total de 47 mil 494 personas haitianas pidieron asilo en México, a las que hay que sumar más de 6 mil procedentes de Chile y casi 4 mil de Brasil que son hijos de haitianos. Es más de las mitad de las casi 120 mil solicitudes de asilo registradas este año. Muchos de ellos recurren a Comar para regularizar su situación y ponerse en marcha hacia el norte. A Mailleky, sin embargo, no le interesa esa ruta. “Mi opción es trabajar para seguir adelante. Si estoy en un país que me atiende, que me ofrece trabajo, no tengo razón para buscar otro país. Hay muchas gentes que tienen la idea de ir EU, yo digo que no vale la pena”, dice. Ahora México tiene la opción de darle esa segunda oportunidad que funcionarios migratorios le arrebataron irregularmente.
