“Detrás de cada gran fortuna hay un delito” (Honoré de Balzac).
Estamos en una etapa que se pinta con colores de lucha, siempre vibrantes y nunca opacos; la lucha por el Isssteson es una lucha ciudadana, lucha de lo nuevo contra lo viejo, que toma las calles en busca de reordenar costumbres y procedimientos, que trastoca inercias y reorienta el rumbo.
El rescate de la seguridad social en Sonora no es tarea de timoratos y apocados, de burócratas nalgas planas ni de farsantes de temporada. Es tarea de ciudadanos y de funcionarios honestos y comprometidos que quieren el cambio, que apoyan la política de honestidad y transparencia impulsada por López Obrador para el saneamiento de la república y que se asume como principio rector de la actual administración estatal.
A estas alturas, todo mundo sabe en qué condiciones dejaron al Isssteson los gobiernos del PRI y el PAN; nadie ignora el robo sistemático y el enriquecimiento privado que acumuló décadas de saqueo de los recursos y patrimonio de los trabajadores.
Las evidencias son claras y contundentes y, en consecuencia, el pueblo espera que se ponga orden, que se haga justicia, que los ladrones sean llamados a cuentas y que se devuelva lo robado. Hoy más que nunca es vigente la consigna de “pena de prisión a las ratas del Isssteson”.
La ciudadanía sonorense reclama pacíficamente el cumplimiento de las promesas y el beneficio de tener una institución de seguridad social que le sirva y que no sea caja chica (o no tan chica) de los gobiernos en turno, al servicio de empresarios ganones y funcionarios corruptos.
Resulta verdaderamente insultante que existan privilegiados con pensiones de 20 o más salarios mínimos, como si se tratara de garantizar una vida de lujos y dispendio a ciertos personajes tanto del sector gobierno como de algunos sindicatos y grupos cercanos en su momento al poder prianista.
Indigna que se retrase la aprobación de las solicitudes de jubilación por carecer el Instituto de fondos para sostener el retiro ganado tras décadas de esfuerzos al servicio del Estado y organismos afiliados.
Exaspera la lentitud de los trámites, el posponer cirugías, no surtir las recetas expedidas, la carencia de médicos especialistas, la reducción de la variedad de medicamentos disponibles en farmacia, las subrogaciones que terminan en ganancias privadas a costa de la salud del derechohabiente, la necesidad de pagar seguros de gastos médicos mayores, siendo que cada quincena se descuentan cuotas y aportaciones al Isssteson para que provean tanto los servicios de salud como de farmacia.
Es inevitable preguntarse dónde estuvieron los sindicatos que tienen representantes en la Junta Directiva del Isssteson y el Comité de Vigilancia cuando se dio el saqueo al fondo de pensiones, cuando se aceptó la subrogación de los servicios de farmacia, radiología, imagenología, diálisis, entre otros, y que ahora hacen como que la virgen les habla.
¿Cómo olvidar la obscena presión ejercida contra algunos organismos afiliados como a la Universidad de Sonora por parte de la directiva del Isssteson, para que firmaran un nuevo convenio con contenido sustancialmente recaudatorio, y que fueron los propios sindicatos quienes apoyaron el cambio de condiciones?
Está ampliamente documentado que el Instituto abrió opciones para recaudar más y siguió dando un servicio lento, incompleto y deficiente, de suerte que los derechohabientes tuvieron que pagar mayores cuotas por más tiempo para recibir lo mismo, gracias a la reforma a la Ley 38 en 2005 y los abusivos convenios que se derivaron de ella y que fueron de suscripción obligada sobre todo durante el sexenio de Claudia Pavlovich.
A estas alturas aún subsiste el descuento que los pensionados y jubilados deben pagar por concepto de servicios de salud, en una absurda aplicación de la disposición contenida en el artículo 25 de la Ley 38, en abierta contradicción de su artículo 66, que dispone que las pensiones no estarán sujetas a ningún tipo de gravamen.
¿Tras pagar cuotas durante toda su vida laboral los jubilados tienen que seguir pagando? ¿Por qué se le pone precio al derecho a la salud, siendo que no es una mercancía sino una prestación ganada con trabajo?
Si los supuestos del modelo neoliberal se han declarado nocivos y caducos, ¿a qué hora se va a eliminar este descuento? El Congreso del estado debe tomar cartas en el asunto y cumplir con su deber, porque el fortalecimiento de la seguridad social sí es de urgente y obvia resolución.
Ninguna sociedad puede catalogarse como democrática, libre e incluyente si a sus enfermos y adultos mayores se les trata como población sobrante.
Es tiempo de sumar e incluir a todas las voces, es hora de reorientar el rumbo del Estado y sus instituciones, para que de hoy en adelante nunca sean ajenas al pueblo.
José Darío Arredondo López
