Columna Agenda Abierta
Una de las áreas en las que se había observado un desempeño destacado por parte del gobierno federal es el área de recaudación fiscal; hay que señalar que en 2012 los ingresos tributarios de la federación representaban el 8.3% del PIB, mientras que para 2018 subieron a 13.0% y para 2020 representaron el 14.5% del PIB.
De enero a agosto de este 2021, los ingresos tributarios del gobierno federal han observado un crecimiento de 2.7% en términos reales, respecto al mismo período de 2020, de acuerdo con datos de la SHCP.
Sin embargo, la aprobación en la víspera de la Miscelánea Fiscal de las reformas a la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Ingresos de la Federación 2022, con el voto mayoritario por parte de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, aleja la posibilidad de establecer una política fiscal que incentive la recuperación económica en México. Después de la peor crisis en más de un siglo, se decide apostar por una política fiscal de corte recaudatorio, que vendrá a dar viabilidad a los programas de rescate a PEMEX, impulso a la CFE y a los proyectos de inversión del Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas en Tabasco.
Diversos analistas han señalado que la Miscelánea Fiscal aprobada no atiende integralmente las necesidades de los padres de familia que pagan impuestos, ni de las micro, pequeñas y medianas empresas que necesitan respuestas inmediatas para afrontar la crisis económica que nos azota y los proteja para no cerrar sus negocios, muchos de ellos esfuerzo familiar de generaciones enteras.
Incluso algunos sectores consideran que manda una pésima señal. Mientras la autoridad dice que los cambios administrativos facilitarán el cumplimiento de obligaciones, la realidad es que se establecen cargas administrativas adicionales, como las nuevas disposiciones donde se amenaza a los jóvenes y se limitan las deducciones a la sociedad civil organizada.
Uno de los elementos que los países han considerado como un elemento fundamental para superar la crisis provocada por el Sars Cov 2, es generar condiciones que fortalezcan la competitividad, el mercado interno y el comercio internacional. Es urgente que se ponga en marcha la reactivación económica. Sin embargo, el paquete fiscal aprobado no impulsa la generación o rescate de empresas, y no observa acciones que promuevan el crecimiento y generación de empleos.
Una de las medidas mas cuestionadas ha sido el establecimiento de la obligatoriedad de inscripción al RFC a mayores de 18 años, que ha sido considerada como una clara medida que se inserta en el terrorismo fiscal. Se ha señalado que el Gobierno Federal podría hacer uso del Registro Federal de Contribuyentes como un padrón poblacional para mantener de manera cautiva al segmento más joven de la población.
La propuesta de regularizar un parque de más de 1.5 millones de unidades de autos usados importados de forma ilegal desde Estados Unidos, los llamados “autos chocolate”, generará tres efectos negativos en el mercado, de acuerdo a Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). En principio la caída en las ventas de un 30% en los próximos tres años; una menor recaudación de impuestos, la caída en las ventas reduciría la recaudación, ya que por cada auto nuevo vendido se paga Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre Autos Nuevos (ISAN) e Impuesto Sobre la Renta (ISR); y en tercer lugar, una caída en el valor de reventa de los autos, de hasta 20% en el valor de los usados nacionales equivalentes debido a la sobreoferta.
Finalmente, la limitación en donaciones de personas físicas a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), deja de manifiesto la intención de desmantelar a las OSC, limitando los donativos a entidades autorizadas y creando un límite global para deducciones personales, lo que afectará directamente su trabajo filantrópico, cumpliendo con muchas tareas que el gobierno no ha logrado hacer.
Con menores recursos, los OSC tendrán menos posibilidades de realizar su labor, perdiéndose miles de empleos de personas que trabajan en ellas, pero aún peor, miles de personas en distintas situaciones de vulnerabilidad perderán el único apoyo con el que cuentan en su condición, como niñas y niños con cáncer o mujeres violentadas.
De acuerdo a un grupo de OSC, esta aprobación afectará negativamente a personas beneficiarias del trabajo de más de 5 mil 100 OSC que son donatarias autorizadas para emitir recibos deducibles del ISR en rubros tan relevantes como la asistencia, la educación, la cultura y el medio ambiente, entre muchos otros.
Las organizaciones dejarán de percibir más de 8 mil millones de pesos provenientes de donativos de personas físicas nacionales y que hoy destinan a la realización de actividades asistenciales, principalmente.
Cerca de 2 mil organizaciones serían las más perjudicadas, pues entre el 30% y el 100% de sus ingresos totales provienen de donaciones de personas. Las donatarias temen que se desincentive a las personas físicas a hacer donativos, lo que impactaría directamente en los programas de apoyo de los OSC a los más necesitados.
Con estas medidas aprobadas en la Cámara de Diputados Federal, la señal que se manda al sector productivo y social es de limitación y de ausencia de mecanismos e instrumentos para su crecimiento y desarrollo.
Por Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna
