Hermosillo.- Ante la amenaza de huelga el 25 de octubre, de integrantes del Sindicato de Transporte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de Sonora, el gobierno del estado debe de prepararse para que ese día se preste un servicio lo más ordinario posible, indicó Ignacio Peinado Luna.
El presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, reiteró que el estado desde este momento debe de ir tomando todas las provisiones, viendo un plan “b” de la Dirección General de Transporte (DGT), porque el servicio se tiene que ofrecer independientemente de que los operadores se vayan a huelga.
“Muy lamentable las decisiones que parte del Sindicato de Transporte Público ha utilizado mediante el chantaje o el amedrentamiento de tomar como rehenes a los usuarios para conseguir sus pretensiones, que ciertamente en términos laborales”, expresó.
Debido a este conflicto que lleva años, Peinado Luna señaló que las dos partes deben de ser muy cautos, pues el problema es estrictamente laboral, entre los operadores del sindicato y las empresas concesionadas.
“Ahí están los tribunales, ahí están las instancias, porqué atropellar a los usuarios, cuando los usuarios somos sus jefes realmente, porque trabajadores y operadores del Servicio de Transporte Público gracias a los usuarios tienen su fuente de trabajo, si no hubiese usuarios, no tendrían esa fuente de empleos, entonces hay que cuidarla, hay que valorar el esfuerzo que hacemos los usuarios”, externó.
De acuerdo a recientes declaraciones de Javier Villarreal Gámez, secretario general de la CTM en Sonora, 64 compañeros han sido despedidos después de un proceso desde noviembre del 2020 en que las empresas estaban en diálogo con las autoridades de gobierno.
Villareal Gámez informó que los representantes de las empresas dejaron las mesas de conversación, por eso el gobierno intervino para que no se realizará el servicio, pero aun con el cambio persiste el problema.
Ante esta situación, Ignacio Peinado agregó que nadie puede estar en contra de que mejoren sus condiciones laborales, pero por ser un servicio público, el conflicto se debe resolver a otras instancias, en los tribunales o en otro ámbito, pero no castigando a los usuarios.
“El llamado es al gobierno del estado que al final del día es quien mantiene la rectoría de acuerdo a la Ley, a la constitución, para que intervenga y haga una mediación en este conflicto y que se resuelva para que ya no esté este vaivén, que se ponga realmente en el centro del transporte público al usuario, y que el transporte público vuelva sus orígenes y tenga un cauce, un sentido, una característica humana que cuya pretensión del estado y de todos los actores sea mejorar la calidad de vida de los usuarios del transporte público y no de menoscabarla, no seguir influyendo con servicios deficientes”, culminó.
