De acuerdo con la UNESCO la participación social tiene por objeto mostrar cómo los valores, prácticas y actitudes culturales tienen una repercusión en el sentido de integración, cooperación y emancipación de los individuos y las comunidades, que les conduce a orientar sus acciones. En ese sentido, la participación comunitaria está estrechamente ligada con el ejercicio de los derechos humanos.
El hecho de no ejercer los derechos humanos ya sea por falta de conocimiento o para evitar tener responsabilidades ha traído como consecuencia acciones y omisiones que limitan las libertades y la dignidad humana. Por lo que es necesario trabajar en la concientización del ejercicio de los derechos con las personas de la comunidad para que ellos mismos puedan identificar cuáles son sus derechos y a su vez puedan llegar a obtener una cohesión comunitaria; también para que sean capaces de elaborar proyectos basados en sus necesidades y gestionar los recursos necesarios, sin necesidad de que existan incentivos de instancias gubernamentales o presencia de organizaciones civiles.
México tiene una cultura asistencialista que ha mermado el entendimiento de la participación dentro de las comunidades haciéndola casi imposible o poco necesaria. Tampoco se reconoce que el espacio público es un lugar que debe ser utilizado para discutir necesidades y resolver problemas de la comunidad.
La falta de tejido social y el individualismo genera que no exista un sentido de pertenencia entre las comunidades; que no haya una cultura de participación e interés en conocer y hacer valer sus derechos, por eso es necesario promover la creación y participación de grupos vecinales, donde se les capacite para que sean los agentes que contribuyan a mejorar sus condiciones y no desde lo asistencial sino desde el ejercicio de sus derechos.
Es importante recordar que para que los derechos humanos se hagan efectivos es necesario que exista también la participación de los representantes electos del Estado y la sociedad civil. Por un lado, el Estado es el encargado de garantizar que los derechos de las personas no solo sean reconocidos, sino que se hagan efectivos; tiene la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos de acuerdo con lo que establece la Constitución. Además, tiene la facultad para generar las condiciones en términos legislativos para lograr el reconocimiento, la exigibilidad y disfrute de derechos.
Por otro lado, la sociedad civil juega un papel protagónico fomentando la organización social, fortaleciendo a los sujetos de derechos, promover la participación y recreando las formas de ejercer los derechos desde la diversidad, pluralidad y complejidad. Además de ser clave en la vigilancia del cumplimiento de los derechos y la exigencia de rendición de cuentas, esto con la finalidad de disminuir las transgresiones sociales que vulneran y engrandecen las desigualdades.
En conclusión, a través de la participación comunitaria organizada, con conocimientos en sus derechos, obligaciones y responsabilidades, con capacidades para identificar las causas y consecuencias de la vulneración del ejercicio de sus derechos más la participación del Estado que promueva, respete, proteja y garantice el acceso a servicios y con ayuda de la sociedad civil que apoye en promover las acciones de la comunidad, se puede aspirar a tener comunidades donde exista la dignidad humana entendida como la condición de libertad y respeto que todas las personas tienen por el hecho de ser un ser humano y que se representa en el ejercicio de los derechos humanos a lo largo de toda la vida.
Claudia Luz Vergara Reyes
Directora del Instituto Francisco Javier Saeta, IAP y miembro de la Mesa de Desarrollo Humano de Hermosillo ¿Cómo Vamos?
