El fin de semana pasado se vivió el estreno legal de un ejercicio que los promotores y defensores de la democracia directa impulsan con fuerza, con una buena dosis de razón y legítimamente, desde hace ya algunas décadas.
Las manifestaciones públicas de Heberto Castillo, Manuel J. Clouthier, Salvador Nava, Cuauhtémoc Cárdenas y el propio Porfirio Muñoz Ledo, siempre contaron con la exigencia de honrar la democracia directa, a través de la puesta en práctica de la consulta pública, para complementar y reducir los sesgos del desgastante y, algunas veces manoseado, ejercicio de la democracia representativa.
La emoción y efervescencia han desvirtuado algunas luchas sociales legítimas, encaminadas hacia la reivindicación política y social e insatisfechas por mucho tiempo, como es el caso de la Consulta Popular.
Un ejemplo de esto lo representó la apertura de consultas “a mano alzada”, impulsadas desde ciertos colectivos con pasión pero sin método en su planeación, con poco rigor en la organización, ineficaz en la supervisión y con resultados altamente cuestionados. Como ejemplo, dos botones de muestra: Nuevo Aeropuerto en Texcoco y Planta Constellation en Mexicali.
Ahora, con la Ley ampliamente discutida sobre la Consulta Popular, que cuenta con todos los elementos para garantizar transparencia, eficacia y confiabilidad en la organización, conducción y resultados, se inauguró con una pregunta que más que certeza ofreció poca emoción a los ciudadanos para motivar su participación, por no decir que confusión, producto de su redacción.
El pasado domingo participó el 7% del listado nominal de electores del 40% requerido, para obligar a la autoridad a aplicar el resultado objeto de la consulta; es decir, de un universo total de 93.5 millones de personas, eran necesarios al menos 37.4 millones de votos. Faltaron 30 millones de votos.
Independiente de la claridad de la pregunta, del ánimo de la gente para salir a votar o si se quería utilizar con otras intenciones, hoy hay un instrumento disponible para aplicarse en beneficio popular.
En estos días aparece en la carrera mediática de relevos, el tema de la Revocación de Mandato, establecido como un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado anticipadamente el encargo de diversas autoridades electas “a partir de la pérdida de la confianza”, expresión textual del decreto que modifica la Constitución Política en diciembre de 2019.
Este derecho político altamente cuestionado por algunos personajes por violentar -según su dicho- la certidumbre de ciudadanos y los equilibrios de los gobiernos, también es promovido por otros, quienes interpretan -según sus argumentos- un balance en la manifestación electoral popular, al utilizar el voto en las elecciones para designar a su representante popular -Presidente de la República, Gobernador, Alcalde- y nuevamente el voto popular para revocar el mandato y lograr que su encargo concluya antes de la fecha en la que fue electo.
Al requerirse para su aplicación en los estados de la República la modificación de las constituciones locales y, en su caso, leyes reglamentarias, el ejercicio estará solamente dirigido al Presidente de la República.
Aún cuando no existe aún una Ley Reglamentaria, Ricardo Monreal, de Morena; Damián Zepeda, del PAN, y Claudia Ruiz Massieu, del PRI, han presentado iniciativas para establecer mecanismos y precisiones sobre el proceso que será conducido por el INE y calificado por el TRIFE.
Se estima que la Jornada de Revocación de Mandato por única ocasión inicie en noviembre, con la recopilación de firmas para solicitar al INE por parte de los ciudadanos la celebración de dicha jornada; es decir, en ese momento sería el arranque de la manifestación de participación popular, teniendo hasta el 15 de diciembre para juntar las firmas del 3% de ciudadanos inscritos en la lista nominal, algo así como 2 millones 800 mil firmas para que INE consulte públicamente si el Presidente de la República debe concluir anticipadamente su encargo o continuar hasta el 30 de septiembre del 2024.
El INE tendrá 20 días, antes del 5 de enero del 2022 para convocar la Revocación de Mandato que se realizará el 21 de marzo del 2022. Para que este ejercicio sea válido deberá contar con los mismos 37.4 millones de votos que se requerían para hacer vinculante u obligatoria la consulta del pasado domingo.
Sin duda existirá por parte de diversos segmentos y organizaciones políticas la intención de provocar la mayor participación ciudadana; caso emblemático será el de FRENA, instancia que promoverá la conclusión anticipada del mandato y, sin duda, esperará el posicionamiento y eventual participación de las organizaciones y partidos políticos en general.
Cuando aparece la expresión ‘pérdida de confianza’ como elemento para solicitar la conclusión anticipada del encargo, no es ocioso revisar que las calificaciones de las acciones de gobierno en materias como seguridad, salud, economía no están tan acreditadas en la opinión general de la sociedad, pero cuando la pregunta se refiere al Presidente su calificación es aprobatoria.
Habrá que revisar en los siguientes meses los desempeños, los mensajes y los resultados, teniendo en consideración que para el 2022, además de las elecciones en seis gubernaturas a mediados de año, con alcaldías y congresos locales, tendremos en la primavera un ejercicio para manifestar la voluntad popular. Esperemos que la fatiga electoral manifestada el pasado domingo sea aliviada para entonces.
