La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el posible desvío y desaparición de casi 600 millones de pesos en el ISSSTE en 2017. El fraude se habría cometido utilizando las tiendas que dicho instituto poseía para ofrecer productos económicos a sus trabajadores, y eludiendo las reglas de contrataciones con el mecanismo de “La Estafa Maestra”.
La indagatoria, a cargo de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción de la FGR, se abrió a partir de una denuncia que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentó el pasado 19 de marzo en contra de los funcionarios que resulten responsables.
La Dirección Jurídica de la ASF presentó la querella tras concluir que hubo un posible fraude al erario luego de que la administración del ISSSTE no consiguió acreditar el destino legal ni la devolución de 594 millones 749 mil 439 pesos. Esto durante la gestión de José Reyes Baeza al frente de dicho instituto.
Lo que los auditores encontraron es que el propio ISSSTE y otras dependencias como la COFEPRIS, contrataron directamente el servicio de las tiendas del ISSSTE (SuperISSSTE) para entregar diversos bienes. Esto aprovechando que la ley permite no hacer licitaciones cuando se firman convenios con entidades públicas, como es el organismo que maneja las tiendas de dicho instituto.
Sin embargo, el SuperISSSTE no tenía capacidad alguna para cumplir con los servicios que le fueron adjudicados ya que, de hecho, registraba graves pérdidas económicas desde varios años antes. Lo que hizo dicho organismo, en realidad, fue subcontratar ilegalmente el cien por ciento de lo que era su responsabilidad realizar.
“Para cumplir con los citados contratos, el SuperISSSTE subcontrató el 100.0% de los bienes con empresas privadas, por lo que se determinó que se utilizó al SuperISSSTE como intermediario para evadir las disposiciones normativas en materia de adquisiciones. Asimismo, dicho Órgano Desconcentrado resulta económicamente inviable, considerando que de 2013 a 2017, reportó pérdidas por 7 mil 480 millones de pesos”, indica el informe de resultados de la auditoría que dio pie a la denuncia penal.
El mecanismo de contratar organismos públicos para eludir los procesos de licitación fue ampliamente utilizado en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. El reportaje “La Estafa Maestra” documentó que esto ocurrió en al menos una decena de dependencias (entre ellas el propio ISSSTE) y que tan solo entre 2013 y 2015 derivo en el desvío de más de 3 mil millones de pesos.
Sin embargo, y pese a hay más de medio centenar de denuncias penales ya presentadas, solo los hechos registrados las dependencias que encabezó la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, han llegado a los tribunales hasta el momento. El resto de los casos siguen bajo investigación de la FGR o de la propia Auditoría.
El informe de resultados de la auditoría financiera 260-DS correspondiente a la cuenta pública 2017, y que dio pie a la presente denuncia, concluyó que el ISSSTE y SuperISSSTE no cumplieron en todo el año con las disposiciones legales para temas de contratación y adjudicación de servicios.
Tanto el ISSSTE como otras dependencias, incluida la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México y la COFEPRIS, utilizaron como “intermediario” al SuperISSSTE para la adjudicación de contratos por bienes y servicios que eran totalmente ajenos a su función, y que no podría realizar pues no contaba con la capacidad técnica, material ni humana para ello.
En consecuencia, los recursos fueron canalizados en su totalidad a una serie de empresas privadas subcontratadas directamente por el referido organismo lo cual, de por sí, ya era ilegal.
Sin embargo, la situación es aun más grave. Al revisar diversos contratos y servicios adjudicados los auditores encontraron desde sobreprecios hasta posibles simulaciones de lo que se había contratado.
Por ejemplo, en uno de los contratos firmados con la empresa Summit – AM, S. de R.L. de C.V. por 53 millones de pesos, los auditores encontraron que no hay prueba alguna de la existencia de los más de 4 mil bienes que tendrían que haberse entregado al ISSSTE.
En general, los auditores concluyeron no hay constancia de que hayan ingresado a los almacenes o se hayan distribuido a sus diversas unidades y hospitales bienes por más de 460 millones de pesos.
“Hay además un saldo reportado en una de las cuentas por 129 millones de pesos que no es real ni confiable, ya que presenta deficiencias como registros erróneos, falta de documentación soporte para gestionar su cobro”, indica el informe de la ASF.
Los productos y servicios que dependencias como COFEPRIS contrataron directamente con SuperISSSTE fueron pagados, además, por precios superiores a los del mercado, lo que también representa un perjuicio para las finanzas de las instituciones contratantes.
De acuerdo con datos oficiales de la ASF, el ISSSTE y organismos como FOVISSSTE y SuperISSSTE acumulan hasta ahora malos manejos y posibles desvíos de recursos que ascienden a 1 mil 689 millones de pesos cuyo destino aun no se ha esclarecido, y que tampoco han sido devueltos.
Las anomalías que han dado paso a dichos quebrantos se concentran principalmente en los sexenios de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, aunque hay 233 millones de pesos observados por los auditores que ya corresponden la cuenta pública 2019, en el actual sexenio.
Estos montos son resultado de poco más de un centenar de hechos irregulares que los auditores han identificado en el manejo de los recursos público del instituto y sus organismos desconcentrados. Hasta ahora la ASF ha presentado siete denuncias penales ante la FGR por estas anomalías.
