En punto de las 11:20 de la mañana, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) arribaron a la Cámara de Diputados para presentar seis cajas de cartón, presumiblemente con pruebas, en las que se sustentan la solicitud de juicio de procedencia o desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
A bordo de una camioneta tipo pick-up, los integrantes de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Fiscalía General de la República, transportaron los expedientes en las cajas.
Los expedientes fueron divididas en tres y tres y trasladadas, en diablitos, a la oficina de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados a donde ratifican la solicitud de desafuero que presentaron inicialmente el pasado martes.
La FGR solicita a la Cámara de Diputados desafuero del gobernador de Tamaulipas
El pasado martes, se informó que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Fiscalía General de la República, presentó ante la Cámara de Diputados, la solicitud de desafuero del actual gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
De acuerdo con el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, ese martes se recibió la solicitud de declaración de procedencia o desafuero por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
En una tarjeta informativa, la secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, informó a Mier Velazco de esta solicitud de declaración de procedencia y mencionó que el licenciado Ancelmo Mauro Jiménez titular; la licenciada Karina Jazmín Durán Martínez, fiscal; así como Elizabeth Alcantar Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación, todos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Fiscalía General de la República presentaron esta querella.
En una tarjeta informativa se describe que hace unos meses, particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, y derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y pudieron acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.
Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, por lo que se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como enriquecimiento ilícito.
La declaración de procedencia o desafuero es el acto legislativo exclusivo de la Cámara de Diputados que tiene por objeto remover la inmunidad procesal (fuero) de los servidores públicos que señala el Artículo 111 de la Constitución para ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo, a petición de los ciudadanos, los particulares con derecho o el Ministerio Público.
