Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, anunció una nueva sanción a otro funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionado con la “Estafa Maestra“. Luis Manuel Galván Arcos enfrenta la destitución de la empresa productiva del Estado, así como 10 años impedido de desempeñarse en cargos públicos.
La dependencia dio a conocer que Galván Arcos omitió declarar dos cuentas bancarias de su cónyuge con un saldo de más de 3.2 millones de pesos por lo que la SFP procedió a la sanción de quien se desempeñó como gerente de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas de Pemex durante el periodo comprendido entre 2013 y 2016, es decir, el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto
“Como resultado de un cuidadoso procedimiento administrativo sancionador, la dirección general de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que quien estuvo a cargo de la gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas, en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos”, informó la SFP.
La conducta en la que incurrió Luis Galván Arcos, quien también se desempeñó en la gerencia de Vinculación Operativa Interregional con las subsidiarias e Pemex Exploración y Producción, infringió el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos.
La dependencia a cargo de Sandoval ballesteros aseguró que se respetó la presunción de inocencia del exfuncionario y garantizó el derecho de audiencia de la persona sancionada, pero “no pudo justificar por qué no reportó los instrumentos bancarios señalados”.
La resolución derivó de las acciones iniciadas en la actual administración, en cumplimiento con la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador de investigar a quienes son funcionarios de su Gobierno y estuvieron relacionados con el esquema de desvío de recursos conocido como “Estafa Maestra”.
“Las personas servidoras públicas estamos obligadas a brindar la información que el pueblo de México demanda, para así vigilar nuestra probidad y honestidad en el ejercicio de nuestras funciones, así como en el uso y manejo de los recursos públicos. En la Función Pública seguiremos cumpliendo con nuestra tarea de verificar la evolución patrimonial de quienes ostentan un cargo público y de sancionar conductas que constituyan faltas administrativas”, explicó Sandoval.
En los dos primeros años de esta administración actual se generaron ya 231 expedientes de responsabilidades, vinculados con la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, en estas 90 ya concluyeron y se han impuesto 43 inhabilitaciones y ocho destituciones.
