“La pregunta es, ¿Quién está promoviendo la ignorancia? Bueno, esas organizaciones que tratan de mantener las cosas en secreto, y esas organizaciones que distorsionan información verdadera para hacerla falsa o desvirtuada. En esta última categoría, está la mala prensa” (Julián Assange).
Nos enteramos por la prensa que en algunos municipios se implementan medidas para evitar que suban los contagios, y optan por dictar las restricciones propias del caso.
En Nacozari, por ejemplo, quedan suspendidas todas las actividades no esenciales, lo que incluye eventos públicos y privados, gimnasios, actos religiosos y deportes, pero lo que llama la atención es que “en negocios esenciales solo podrá entrar una persona por familia, queda prohibido el acceso a niños y adultos mayores” (Expreso, 29.10.20).
Desde luego figura la obligación de portar cubrebocas para clientes y empleados en los negocios esenciales por ser una fuente potencial de contagios, y a nadie le puede extrañar que se tomen precauciones en lugares cerrados donde haya frecuentes interacciones humanas.
Al respecto, se nota el contraste entre la respuesta de algunos gobiernos locales y el federal, ya que la propia Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en reciente reunión con gobernadores de la Conago dijo: “este gobierno no tiene previsto ni hemos contemplado la adopción de medidas de penalización administrativa por no respetar medidas de prevención y autocuidados, ni mucho menos toques de queda o restricción a los derechos humanos y garantías individuales” (Expreso, 30.10.20).
Sin embargo, en Sonora se tienen medidas restrictivas a partir del día 2 de noviembre, que establecen reducciones de horario en el funcionamiento de giros comerciales que luchan por sobrevivir y que cargan con los efectos de la reciente cuarentena, y se legisló sobre el uso del cubrebocas (El Imparcial, 29.10.20; Dossier Político, 03.11.20).
Lo anterior pudiera ser parte de una estrategia para reducir las posibilidades de contagio, pero tiene algunos aspectos que no quedan del todo claros.
¿Tiene sentido utilizar obligatoriamente el cubrebocas en espacios públicos abiertos y donde no hay problemas de ventilación, si se puede guardar la sana distancia y no se presentan síntomas de afección respiratoria?
Al reducir el horario en actividades básicas como las relacionadas con el expendio de alimentos, bebidas y otros productos necesarios para el consumo familiar, ¿se parte del supuesto de que el virus tiene un horario nocturno para los contagios, y por eso hay que cerrar temprano?
La obligación de los clientes de usar el cubrebocas en el interior de restaurantes y demás centros de consumo, ¿supone que los usuarios sólo están a salvo en su mesa cuando comen y beben y que vuelven a correr peligro cuando se desplazan dentro del local al que entraron con cubrebocas, gel y pasaron por “tapetes sanitizantes”, y donde los empleados cumplen con las precauciones del caso?
¿No basta con una recomendación, así que hay que aprobar una ley que haga obligatorio el uso del cubrebocas para dar sustento a la eventual aplicación de sanciones y “resolver” el problema de los contagios? Cabe recordar que ya se aplica esta medida en el comercio local y que los negocios prohíben el ingreso de quienes no lo portan, por lo que la disposición en forma de ley tiene un cierto tufo recaudatorio.
Recordemos que el cubrebocas es una barrera física que sirve para proteger a los demás de las gotitas y aerosoles que se expulsan al hablar, toser o estornudar, y que no suple el lavado de manos y la sana distancia entre personas.
Ahora, ¿tiene sentido restringir solamente el ingreso de adultos mayores a los giros comerciales “que concentren más de 10 personas”? Un viejo es un ciudadano de pleno derecho y debe poder hacer sus compras, realizar trámites y vivir una vida dentro de los límites de la normalidad en un contexto de epidemia. Recordemos que en México está prohibida la discriminación por razones de edad (Artículo 1º Constitucional).
Si realmente se trata de “proteger” al adulto mayor, a los niños o a las mujeres embarazadas, ¿por qué no se les atiende primero en las filas de los supermercados, farmacias y demás giros esenciales obligados a respetar las precauciones sanitarias? Lo humanamente aceptable es darles facilidades. Es lógico que entre más pronto ingresen, sean atendidos y salgan del local menos riesgo hay de contagio.
En esta epidemia, lo peor que puede pasar es inclinarse por criminalizar al ciudadano, establecer penalidades y pasar por encima de los derechos humanos; justamente la conducta que la secretaria Sánchez Cordero señalaba como inapropiada y que, sin embargo, parece que está siendo adoptada en Sonora. ¿Seremos así de primitivos?
¿Qué parte de los mensajes y recomendaciones del gobierno federal no se ha entendido en los estados? ¿Pensarán los gobernadores o alcaldes que con cualquier medida restrictiva se pueden combatir o moderar los efectos de una epidemia de alcance mundial que en un momento determinado cumplirá su ciclo?
Tenemos noticia de que cadenas comerciales (como Sears, Ley, Wal-Mart, Soriana o Carls Jr.) impiden, de plano, la entrada a adultos mayores y, en algunas, también a menores y embarazadas en clara la violación de sus derechos. ¿Intervendrá la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o seguirá con la cabeza metida en el trasero? La protección de los adultos mayores empieza por el respeto a sus derechos.
¿Las grandes cadenas comerciales se mandan solas? ¿La histeria colectiva, la ignorancia y la presión mediática se convierten en política y norma administrativa? ¡No me defiendas, compadre!
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