Por Nuria López
Madrid, España, 1 de octubre (RT).- El Ministerio de Sanidad de España ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden que implica el cierre de la capital del país, Madrid, y de otras nueve de las grandes ciudades de la región para luchar contra la propagación del coronavirus en esta segunda ola de la pandemia. La Comunidad de Madrid, tras amagar con incumplirla, ya ha afirmado que la cumplirá de manera estricta, aunque la recurrirá ante los tribunales.
El acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud recoge restricciones para todos los municipios de más de 100 mil habitantes que superen tres parámetros epidemiológicos:
– Una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100 mil habitantes durante los últimos 14 días.
– Una positividad superior al 10 por ciento en las pruebas diagnósticas de infección activa de COVID-19.
– Una ocupación por pacientes COVID de más del 35 por ciento en unidades de cuidados intensivos (UCI) en la Comunidad Autónoma en la que se inserte el municipio.
Sólo hay diez ciudades en el país que cumplan estos criterios y todas se encuentran en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, amenazó el miércoles con incumplir la orden mientras dudaba de su validez legal. “Se valorará desde la Abogacía de la Comunidad de Madrid cuáles son los siguientes pasos”, afirmó el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que, en rueda de prensa, sostuvo que “el documento no es válido jurídicamente” porque no fue consensuado.
Según consta en el texto publicado en el BOE, las comunidades tienen 48 horas para implementar las medidas desde que el acuerdo les fue notificado, lo que ocurrió el miércoles por la noche, lo que da de plazo hasta este viernes a última hora para ponerlas en marcha.
LAS MEDIDAS APROBADAS
El documento aprobado en el Consejo, con la presencia de los responsables de Sanidad de todas las Autonomías (19 en total), contó con el voto en contra de Cataluña, Andalucía, Galicia, Comunidad de Madrid y la Ciudad Autónoma de Ceuta, además de la abstención de la Región de Murcia, todas ellas, salvo Cataluña, gobernadas por el conservador Partido Popular, el principal partido de la oposición en España, al que pertenece Ayuso. En el caso de Cataluña, su voto negativo se produjo por considerar las medidas demasiado laxas y los umbrales para actuar demasiado altos.
– Las medidas que se deberán aplicar en la mayoría de la región madrileña y que afectarán a más de 4.5 millones de personas (casi el 70 por ciento de la población del territorio) son las siguientes:
– Se restringirá la entrada y salida de personas de los municipios salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados (actividades laborales, docentes y cuidado de mayores o menores, entre otros).
– Las reuniones familiares o sociales tanto en ámbito público como privado se reducirán a un número máximo de seis personas.
– Se limitan los aforos: un tercio en lugares de culto; quince personas al aire libre o diez en espacios cerrados en velatorios, 50 por ciento en locales comerciales, 50 por ciento en interior y 60 por ciento en exterior en negocios de restauración y de juegos y apuestas.
– Se prohíbe el consumo en barra.
Se limitan los horarios de comercios hasta las 22:00 horas y de locales de restauración hasta las 23:00.
– Obligación de las Comunidades de reforzar sus capacidades para la detección precoz y el control de la enfermedad, así como en el ámbito de la atención primaria.
MADRID ACUDIRÁ A LOS TRIBUNALES
La Comunidad de Madrid es la principal afectada por las medidas aprobadas. Con casi 49 mil contagios diagnosticados en los últimos 14 días, con una incidencia acumulada media de 735 casos cada 100 mil habitantes, registrando un tercio de los fallecimientos a nivel nacional (172 en la última semana) y con casi el 42 por ciento de sus camas UCI ocupadas por pacientes COVID, diez ciudades que se encuentran en su territorio cumplen todos los requisitos para imponer las restricciones aprobadas por Sanidad: Madrid, Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares.
Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en esRadio, ha sostenido este mismo jueves que el Consejo Interterritorial no puede “imponer nada y menos de esta manera”, aludiendo a que la decisión no se ha tomado por consenso y ha avisado de que se está estudiando con la Abogacía de la Comunidad las acciones que se pueden tomar para actuar “correctamente”.
Poco después, en el Pleno del Parlamento regional, la mandataria ha asegurado que “la Comunidad no está en rebeldía” y su Gobierno “cumplirá todas las órdenes”, tras indicar otra vez su intención de acudir a la Justicia: “Iremos a los tribunales nuevamente […] para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas”, advirtió.
Tanto Díaz Ayuso como Ruiz Escudero están teniendo problemas para justificar su oposición a unas medidas que ellos mismos pactaron con los representante del Ministerio de Sanidad tan sólo 24 horas antes y que, incluso, el Vicepresidente de la región, Ignacio Aguado, del otro partido miembro del Gobierno regional, había aplaudido en público.
CONTINÚA EL ENFRENTAMIENTO
El Ejecutivo madrileño continúa con el enfrentamiento abierto contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Díaz Ayuso fue especialmente crítica con la tardanza en decretar el estado de alarma el 14 de marzo, que impuso el confinamiento de la población. Posteriormente también fue muy dura criticando que no se levantara ese mismo estado de alarma y exigiendo que se dejara la gestión a las Comunidades Autónomas que son quienes, en circunstancias normales, tienen las competencias en Sanidad. Así, el 8 de mayo, la política madrileña llegó a declarar: “Yo soy la responsable de que esto salga bien o mal. Lo asumo y lo asumiré”.
El enfrentamiento elevó el tono a partir de ese mismo mes de mayo, cuando se inició la desescalada de las medidas restrictivas. El Ministerio de Sanidad negó por dos veces el pase de Madrid a la Fase 1 debido a que no cumplían los criterios sanitarios establecidos para ello. Durante esas fechas llegó la dimisión de la responsable de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes, que presentó su renuncia tras negarse a firmar el informe que hablaba de la idoneidad del pase de fase de la región.
Después de recuperar las competencias tras el fin del estado de alarma, a finales de junio, han pedido vehementemente la intervención del Estado. Ahora, cuando el Estado ha dado un paso al frente, después de semanas advirtiendo que Madrid está tardando demasiado en actuar para frenar la pandemia, continúan oponiéndose a las medidas aprobadas por la mayoría de consejeros de Sanidad del país, que observan como el problema epidemiológico de la capital puede expandirse a otros territorios con una incidencia mucho menor de coronavirus y que llevan varios meses imponiendo medidas restrictivas a su población con unos datos que ni siquiera se acercan a los de la región capitalina.
