Vuelco histórico

El gobierno ha desmontado por completo la “verdad histórica” de Murillo Karam y, de concretarse las aprehensiones de militares involucrados en la ‘Noche de Iguala’, podría dar un vuelco histórico hacia la justicia y la verdad.
La pregunta de María Martínez Zeferino, madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, fue directa y clara:
“¿Cuándo le van a llegar a los militares, señor?”, preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, durante el informe del caso Ayotzinapa presentado el pasado sábado en el marco del sexto aniversario de la ‘Noche de Iguala’.
“Nos da gusto ver que es más ser humano que los anteriores, pero sí: pedirle que apriete un poquito más. Nosotros queríamos llegar hoy con algo más. Entiéndanos, ya son 6 años y no tenemos nada”, dijo la madre de Miguel Ángel Hernández Martínez frente al presidente; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
El subsecretario y presidente de la Comisión por la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa informó a los familiares de los desaparecidos congregados en Palacio Nacional, que se han liberado 70 órdenes de aprehensión –de las 83 solicitadas a distintos jueces– por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura.
Han sido detenidas 34 personas, entre quienes se encuentran integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, policías federales ministeriales, como el exjefe policiaco Carlos Gómez Arrieta; agentes del ministerio público federal, como Alicia Bernal Castilla, a quien le tocó dar fe de la “verdad histórica” dada a conocer por la PGR de Jesús Murillo Karam en 2015; expolicías federales y policías municipales.

Entre las órdenes de aprehensión destaca la que se giró en contra de Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y mano derecha del exprocurador Murillo Karam en este caso.
A pesar de las 80 personas detenidas a lo largo de seis años y del giro radical que se ha dado en la actual administración a la atención del caso, para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos todo sigue siendo insuficiente.
Por eso, la demanda expresada a seis años de los hechos, tanto en Palacio Nacional como en las manifestaciones, sigue siendo la misma: verdad y justicia, presentación con vida de los muchachos y castigo a quienes los atacaron y los desaparecieron.
“Da coraje ver que los detienen, pero no dicen nada; no dan la información que tienen. Si por nosotros fuera, fuéramos y destruyéramos todo, porque nos falta nuestro hijo. Nos quitaron lo que más queremos. Usted cómo padre nos entiende y yo le digo: póngase un día si quiere en nuestro lugar”, reclamó María Martínez al presidente, en representación del colectivo de padres y madres de Ayotzinapa.
No es el primer intercambio entre las familias y la autoridad.

López Obrador se ha reunido con ellas desde que era presidente electo y en varias ocasiones como presidente de la República.
Pero la del sábado fue una ceremonia inédita en la que el subsecretario Encinas, el fiscal Gertz Manero y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, dieron a conocer información detallada de las investigaciones, echando por tierra la versión histórica que, entre octubre de 2014 y enero de 2015, construyó la administración de Enrique Peña Nieto manipulando pruebas, presentando a presuntos culpables y forzando testimonios obtenidos bajo tortura.
Acciones que, lejos de esclarecer los hechos, alejaron aún más la posibilidad de que algún día haya verdad y justicia.
No en balde existe una orden de captura en contra de Tomás Zerón, quien le debe al país una amplia explicación sobre por qué y para qué la manipulación del caso.
“Estamos investigando para que se rompan los pactos de silencio”, aseguró Omar Gómez Trejo, “la Fiscalía está convencida de que la versión que inventaron buscaba dar impunidad a los verdaderos responsables y protegerlos”.
También fue inédito que, frente al fiscal general y frente al presidente (que en última instancia es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas), uno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), advirtiera el grave año que se hizo a la investigación desde la propia autoridad.
“La PGR y el Ejecutivo anterior construyeron y respaldaron un relato a partir de declaraciones obtenidas bajo tortura y la tergiversación de la verdad”, aseguró Francisco Cox Vial, integrante del GIEI, “esto ha tenido un enorme costo para la investigación, ya que hay pruebas que se destruyeron indefectiblemente, hay pruebas que se contaminaron y que ahora no se pueden utilizar y hay líneas de investigación que se ocultaron o tergiversaron”.
Y tampoco es cosa menor que el actual titular de la FGR haya revelado que Tomás Zerón habría obtenido un pago de mil millones de pesos a cambio de fabricar la versión histórica, detener, torturar masivamente a miembros de corporaciones locales y presuntos integrantes de grupos criminales, y consignarlos ilegalmente para que después se vinieran abajo todos esos procesos por violaciones masivas a los derechos humanos.
Todo, con el objetivo de encubrir a autoridades federales.
“El gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado”, acusó el fiscal.
Palabras graves que fueron secundadas y avaladas por el presidente de la República, quien en una de las respuestas que dio el sábado a las víctimas dijo una cosa que podría implicar un “vuelco histórico” en la manera en la que el Estado mexicano ha abordado el caso Ayotzinapa.
En un momento de la ceremonia, López Obrador recordó que cuando era candidato escuchaba que al Ejército mexicano se le estaba protegiendo y se estaba ocultando su presunta participación en la ‘Noche de Iguala’ para no dañar a la institución.
Desde entonces –dijo– su postura ha sido que, si participaron militares, se debe saber y castigar a los responsables, pues eso en lugar de debilitar a las Fuerzas Armadas las fortalecería.
Y después ofreció: “no sólo se están autorizando, de conformidad con la ley, órdenes de aprehensión contra ministerios públicos o el señor Zerón, también detenciones de integrantes de la antigua Policía Federal y, también quiero que ustedes lo sepan, se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares, que se van a ejecutar. Cero impunidad, el que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado”.
López Obrador ofreció informar mes con mes sobe el avance de las órdenes de aprehensión en contra de policías federales, ex funcionarios de la PGR, ministerios públicos y militares.
Ya en julio de 2019, la nueva administración permitió que la Comisión de la Verdad y un grupo de padres y madres recorrieran el cuartel del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, el mismo lugar al que Peña Nieto y el anterior secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, negaron el paso del GIEI.
Para que aquella visita ocurriera fue determinante la voluntad presidencial.

Si con la misma voluntad el presidente logra que el Ejército mexicano entregue a los militares sobre los que ya pesan órdenes de aprehensión, podría estarse dando un paso fundamental hacia el esclarecimiento de los hechos.
Descubrir ese velo de ocultamiento e impunidad, según López Obrador, podría fortalecer –lejos de debilitar– al Ejército. Y entonces sí, estaríamos frente a un escenario absolutamente distinto en el caso Ayotzinapa.
Con el informe del sábado, el gobierno de López Obrador ha terminado ya de desmontar por completo la “verdad histórica” de Murillo Karam y, de concretarse las aprehensiones de militares involucrados en la ‘Noche de Iguala’, podría dar un vuelco histórico hacia la justicia y la verdad.