¿Quién pagará el desorden?

Cuando el presidente Ruiz Cortines le instruyó a Antonio Carrillo Flores —su futuro secretario de Hacienda— que le preparara como primera acción un proyecto de reforma de la administración pública federal, le aclaró: “Quiero un proyecto práctico que nos permita combatir la lentitud, la duplicidad de funciones, el nepotismo, que mejore la eficiencia administrativa  y sobre todo, atender las demandas sociales y combatir la corrupción”.
Ruiz Cortines era consciente de que en el gobierno de su antecesor Miguel Alemán, con sus grandes proyectos de infraestructura e industrialización —derivados de los proyectos modernizadores de la Segunda Guerra Mundial— se habían generado infinidad de casos de corrupción, sobre todo con la especulación urbana y las concesiones a amigos empresarios del presidente Alemán, que se beneficiaron del primer gobernante civil post régimen de la Revolución mexicana.
Ruiz Cortines, con gran experiencia política y administrativa, le advirtió a Carrillo Flores: “Apúrese con el proyecto porque tenemos que presentarlo antes de arribar al gobierno”. Y le espetó: “En México las reformas de gran calado deben presentarse y hacerse un minuto antes de entrar al poder, porque después es muy difícil”.“ Porque luego se atraviesan los intereses creados y las resistencias [—incluidas las de los nuevos—] que no las permiten o las boicotean”, le advirtió.
En la historia y derivado de la necesidad de resolver ingentes problemas  y ante la carencia de un sector privado desarrollado, el Estado mexicano había creado sus propios instrumentos para crecer: El Banco de México (1925), Banobras (1933), Nafin (1934), CFE (1937), Pemex (1938), Ferrocarriles Nacionales (1938), AHMSA (1942), Guanos y Fertilizantes y el IMSS (1943), entre otros organismos necesarios para cumplir con la responsabilidad estatal de impulsar el desarrollo.
Y era explicable. Dice Rogozinski: “La incertidumbre derivada del mismo conflicto (Segunda Guerra Mundial) así como las experiencias inflacionarias de los últimos años de la década de los cuarenta, se reflejaban en que el sector privado no estaba dispuesto a invertir en proyectos que requerían largos período de maduración”.
A pesar de que presume conocer y reinventar la historia de México, el gobierno de la llamada 4T ha mostrado una enorme incomprensión y desconocimiento de la Administración Pública Federal. En los meses previos a la  transición no se dieron tiempo para conocerla y menos para valorarla. Luego luego, la ubicaron como un ente del pasado, la vieron fácil y creyeron que podían nombrar a cualquier persona en los puestos administrativos, y solo con el  requisito de pertenecer al proyecto de Morena o sus aliados, o de haber participado en el Gobierno de la Ciudad de México del 2000 al 2006
De entrada, ignoraron a servidores profesionales y de carrera que le sirvieron a México, con independencia de la militancia partidista o del color del gobierno federal —ni Fox lo hizo cuando ganó—. Por eso no se han visto iniciativas dignas de señalarse en materia de reformas a la administración en lo que va del presente gobierno.Se hicieron  reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública para crear dos nuevas Secretarías (Bienestar y de Seguridad y Protección  Ciudadana) para quedar el aparato federal con 19. ¿Y las delegaciones federales?
El artículo 17 de la ley establece que “Las dependencias y entidades de la Administración Pública federal […] podrán contar con oficinas de representación en las entidades federativas, o en su caso en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa […] dichas oficinas se coordinarán con las Delegaciones de programas para el Desarrollo”. Hasta ahora, para Sonora y el resto del país —por escasez de cuadros, por no ponerse de acuerdo en los perfiles o por falta de negociación con la diversidad de grupos de Morena— casi un 90% de las dependencias federales no cuentan con representaciones, con la consecuente dificultad para trámites y gestiones. Y no solo eso:
1.- No calcularon bien los costos del traslado de las burocracias y los respectivos conflictos político-sindicales y la promesa de  descentralizar el gobierno federal a estados y municipios se les frustró. Hasta ahora solo el Instituto de Migración se ubica en Tijuana y la Conagua en Jalapa. Ahí despachan limitadamente sus respectivos titulares. De las otras dependencias incluida la Sader en Cajeme no se ha vuelto a hablar.
2.- Se trató de revivir la figura de los “jefes políticos” con la creación de los llamados “súper delegados del bienestar”. Desde el principio, esa invasiva figura administrativa chocó con los gobernadores —que nunca fueron tomados en cuenta— y ahora permanecen en el limbo o en la oscuridad. Su representación es limitada y poco le sirven a la gente en la gestión de asuntos federales. Y si a eso le sumamos que a los legisladores federales se les ha prohibido desde el gobierno central (“no es su labor” les dijeron) hacer gestiones, el asunto se complica más.
3.- No hubo una selección del equipo de gobierno buscando perfiles adecuados, con experiencia y capacidades para los puestos (Un arqueólogo en el Insabi, un agrónomo en Pemex). A cambio, se pobló la administración pública federal con militantes de los partidos de la alianza (Spoils System) o clientelismo político. Ellos dijeron que eran diferentes y reeditaron lo que tanto criticaron de los gobiernos del PRI y el PAN.
4.- A diferencia de otros presidentes de México, que nunca temieron a la grandeza de sus colaboradores (Obregón-Vasconcelos; Calles-Gómez Morín; Cárdenas-García Téllez; Ávila Camacho-Torres Bodet; López Mateos-Ortiz Mena; Díaz Ordaz-Reyes Heroles, etcétera), López Obrador ha privilegiado solo perfiles bajos y sin autonomía en el primer nivel de gobierno. La mayoría son convidados de piedra a las mañaneras, donde el presidente controla el escenario, y no lo acompañan a sus giras ni tampoco viajan a los estados a revisar sus asuntos.
5.- Se ha promovido la centralización administrativa al desaparecer la mayoría de las delegaciones federales en los estados, cambiando el término por “representaciones”. Hasta ahora letra muerta en la ley.
6.- Se ha presentado un desmantelamiento gradual de organismos administrativos —algunos de ellos autónomos— que fueron creados con el propósito de desburocratizar decisiones y agilizar procesos para el ejercicio de derechos constitucionales. En otros casos, como la CNDH, se han impulsado propuestas a sabiendas de que no cumplían con los requisitos constitucionales (militancia partidista previa a la propuesta).
7.- Se ha influido en la conformación del Poder Judicial y del INE, con propuestas de ministros y consejeros afines a los intereses del Ejecutivo o de su partido. Lo mismo que criticaron a sus antecesores, también lo reeditan entre sus asociados.
8.- El presidente se autonombra “vigilante” de las próximas elecciones, para evitar el fraude y la compra de votos. ¿Recordará sus tiempos de presidente nacional del PRD donde pactaba con gobernadores del PRI y el PAN victorias ficticias de sus candidatos en la entidades?
9.- No existe una reforma administrativa como tal y de fondo del sector público, ni en procedimientos ni en tiempos de espera ni en sistemas administrativos; todo se va dando conforme a ocurrencias y arrebatos.
La administración pública eficaz no es una prioridad para la llamada 4T. Al contrario, para ellos es un estorbo porque no la entienden a fondo y la ven como una asignatura más. Ignoran que la política ya no tiene que enfrentarse a los problemas del siglo XIX o XX sino a los del XXI, que exigen la capacidad de gestionar la complejidad social y política.
Dentro de pocos días se cumplirán dos años de la elección del 2018 y ya se sienten los efectos de una aguda crisis administrativa, económica, política y social.
Ya son muchas las manifestaciones e inconformidades de amplios grupos sociales —gobernadores incluidos— contra el gobierno federal. El presidente —a diferencia de casi todos sus antecesores—no puede hacer sus giras en paz, y se le agrede en donde se presenta. Esas manifestaciones —libertad de expresión aparte—,no son motivadas por los conservadores o por las próximas elecciones, como él argumenta —eludiendo su responsabilidad y la autocrítica—, son el resultado de la desigualdad en el costo de la crisis, ante la ausencia de una real operación política local y federal que antes se coordinaba entre las representaciones federales y los ejecutivos locales, y los más desfavorecidos están siendo afectados por tanto problema suelto y sin atención eficaz y por sus propias decisiones. Además, si todo lo estuviera haciendo bien, no viviríamos en esa terca realidad que a cada rato se empecina en desmentirlo.
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